En una sesión extraordinaria, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó la derogación de la Ordenanza que Controla y Sanciona el Uso y Ocupación del Suelo, incluida su última reforma. La decisión fue adoptada la noche del viernes 21 de junio, con 11 votos a favor y 5 en contra.
La votación que marcó el cambio
La convocatoria fue realizada por el alcalde Cristian Zamora Matute, quien había recibido múltiples solicitudes desde sectores rurales para revisar la normativa. En contra votaron los concejales Román Carabajo, Jenny Bermeo, José Fajardo, Federico Guzmán y Mónica Pesántez.
La ordenanza derogada había sido motivo de fuertes críticas por establecer sanciones económicas elevadas, que en algunos casos llegaban a los $47.000, y por exigir grandes extensiones de terreno para permitir construcciones en zonas rurales.
Un nuevo plazo para una nueva norma
Con la derogatoria aprobada, el Concejo Cantonal tiene ahora un plazo de 180 días para redactar y aprobar una nueva ordenanza que regule el uso del suelo. El proceso deberá considerar las particularidades del cantón y la voz de sus ciudadanos.
“Esta convocatoria es una muestra más de nuestro compromiso con la ruralidad y con todo el cantón”, señaló el alcalde Zamora en redes sociales, tras la votación.
Puertas abiertas para la participación ciudadana
Desde el lunes 24 de junio se abrirán mesas de trabajo para recoger propuestas ciudadanas. La intención, según autoridades municipales, es construir una normativa que responda a la realidad del territorio, sin imponer restricciones desproporcionadas.
La derogatoria también responde a una fuerte presión social. En días anteriores, habitantes de sectores rurales bloquearon la vía Cuenca-Molleturo para exigir la eliminación de la norma. Denunciaban que la ordenanza dificultaba el desarrollo de comunidades campesinas y encarecía procesos básicos de construcción.
Ruralidad en el centro del debate
La eliminación de la ordenanza marca un giro en la relación entre la municipalidad y las zonas rurales de Cuenca. Los sectores campesinos han sido enfáticos en señalar que las normativas deben adaptarse a su realidad y no replicar modelos urbanos.
Con este paso, Cuenca abre un proceso de revisión legal en el que la participación social será clave para definir nuevas reglas del juego en el uso del suelo.
Críticas a la ordenanza eliminada
Uno de los principales cuestionamientos que recibía la ordenanza era la imposición de requisitos técnicos difíciles de cumplir para los habitantes de zonas rurales. Entre ellos, se exigían estudios de impacto ambiental, permisos de uso de suelo con altos costos y extensiones mínimas de hasta 2.500 metros cuadrados para construir viviendas, lo cual resultaba inviable para muchas familias campesinas.
Además, las multas por incumplimientos podían alcanzar los $47.000, una cifra calificada por dirigentes comunitarios como “desproporcionada y excluyente”. La norma también limitaba la subdivisión de predios, lo que, según líderes locales, obstaculizaba el crecimiento familiar y la herencia de terrenos entre generaciones.
Fuente: Metro Ecuador
Otras noticias:
La leptospirosis se dispara en Ecuador y pone en alerta a la salud pública
