Las Fuerzas Armadas localizaron una concesión usada por minería ilegal
Militares y autoridades de control intervinieron un predio donde operaba un presunto campamento de minería ilegal en el sector de Cachi, cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay.
La acción fue liderada por las Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcom), el viernes 27 de junio de 2025.
Según reportes oficiales, el lugar operaba bajo el control de un Grupo Armado Organizado (GAO). El operativo forma parte de las acciones permanentes del Estado para frenar actividades ilícitas que afectan a la seguridad nacional y los recursos naturales.
Los implicados huyeron del lugar y se destruyó el equipo hallado
Los presuntos mineros ilegales huyeron al detectar la presencia militar. Ninguno fue capturado en el momento.
Sin embargo, el personal castrense neutralizó el campamento y destruyó los equipos encontrados para evitar su reuso.
Entre el material inutilizado constaban:
- Una boca de mina activa
- Un compresor de aire
- Un pulmón de aire tipo generado
- Dos tanques con aproximadamente 250 galones de diésel
Estos equipos eran usados para extraer minerales de forma ilegal, generando daños al ambiente y al control institucional del Estado.
La minería ilegal es usada por grupos criminales para financiarse
El Azuay, junto con provincias como Zamora Chinchipe y Esmeraldas, es una de las zonas más afectadas por la minería ilegal en Ecuador.
Organizaciones delictivas operan en sectores remotos para financiar actividades vinculadas al crimen organizado.
Según datos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Arcom, en el primer semestre de 2025 se ejecutaron más de 120 operativos contra minería ilegal. Estas intervenciones han logrado decomisos de maquinaria, detenciones y destrucción de infraestructura ilícita.
La presencia militar se mantendrá en zonas de alto riesgo minero
Las Fuerzas Armadas ratificaron que continuarán con su labor de vigilancia en zonas críticas como Camilo Ponce Enríquez.
La institución enfatizó que estas acciones responden al Plan de Seguridad Integral y a los estados de excepción vigentes.
“Estamos comprometidos con la protección de los recursos naturales y la soberanía del Estado”, señaló la entidad en un comunicado oficial.
El objetivo es impedir que estas zonas sean ocupadas por redes delictivas transnacionales que promueven la minería ilegal como fuente de financiamiento.
Se investigará la concesión y se buscarán responsables legales
Las autoridades investigan la concesión minera donde se ejecutaban estas actividades ilícitas.
El proceso busca determinar la cadena de responsabilidad legal y operativa para que el caso no quede en la impunidad.
Además, se intensificará la vigilancia sobre concesiones inactivas o abandonadas que puedan ser aprovechadas por bandas criminales.
Camilo Ponce Enríquez es una zona con alta actividad minera y se encuentra bajo atención prioritaria por parte de las fuerzas de seguridad y control estatal.
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Fuente: www.eldiario.ec
