Los 5.000 despidos anunciados por el gobierno de Daniel Noboa representan solo el primer paso de un proceso más amplio. En el acuerdo con el FMI, Ecuador se comprometió a reducir su gasto en sueldos y salarios en 1.376 millones de dólares hasta 2028. Esta medida, dentro del pacto económico, exige una racionalización gradual de la nómina del sector público.
Recortes progresivos en el gasto público
El acuerdo con el FMI contempla una reducción paulatina del gasto en personal. Esto incluye un recorte estimado de 75.000 empleos públicos, lo que equivale al 15% del total actual de funcionarios. No obstante, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, cuestiona la viabilidad de tal ajuste. Según sus declaraciones del 6 de agosto de 2025, no se alcanzará esa cifra de desvinculaciones.
En lugar de despidos masivos, Núñez propone acciones administrativas. Entre ellas, la eliminación de la remuneración variable de Petroecuador, que representó un gasto de 24 millones de dólares en 2024. También sugiere corregir funciones duplicadas en varias instituciones, empezando por su propio ministerio.
Divergencias sobre el cumplimiento de metas
Para Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, el acuerdo con el FMI requiere medidas más severas. A su juicio, lo aplicado hasta ahora resulta insuficiente. El cronograma establece reducciones de 200 millones en 2025, 250 millones en 2026, y hasta 400 millones anuales entre 2027 y 2028.
Aunque el texto oficial no menciona despidos de forma explícita, habla de una “racionalización gradual del gasto corriente”. Según el economista José Abel DeFina, es el gobierno quien propone los mecanismos para alcanzar las metas pactadas.
Sin embargo, Carolina Jaramillo, vocera presidencial, aclaró que los despidos no responden directamente a una exigencia del Fondo Monetario Internacional.
Recaudación e ingresos adicionales
Además de los recortes en personal, el acuerdo con el FMI exige un ambicioso esfuerzo fiscal. Ecuador debe recaudar 5.358 millones de dólares adicionales mediante impuestos, y ahorrar 1.219 millones en gasto corriente. La meta es pasar de un déficit de 3.795 millones en 2025 a un superávit de 100 millones en 2028.
El economista Carrera enfatiza la necesidad de eliminar exoneraciones y deducciones fiscales. Esto incluye los 500 millones de dólares en impuestos a la propiedad, relacionados con dividendos no distribuidos por las empresas privadas.
Reforma del IVA y eliminación de subsidios
Otro componente crucial del acuerdo con el FMI es el aumento de ingresos por IVA, estimado en 1.000 millones de dólares. DeFina interpreta que esto podría representar un incremento del 2% en la tasa actual, aunque la ley limita el IVA al 15%, por lo que sería necesaria una reforma legal.
El Fondo también exige suprimir subsidios ineficientes, como el del diésel, que asciende a 1.300 millones anuales y beneficia principalmente al transporte. Esta sería la segunda vez que un gobierno elimina este subsidio, cuya eliminación está prevista para 2026.
Eficiencia en el sector petrolero y desafíos pendientes
El documento del FMI sugiere además mejorar la eficiencia del sector petrolero. El objetivo es reducir los costos fiscales en la producción y distribución de derivados.
No obstante, Carrera considera que las medidas actuales son apenas “reformas cosméticas” y que el verdadero desafío está en aplicar reformas estructurales. Estas incluyen una reforma laboral que permita generar empleo formal en el país.
Avances alcanzados en el acuerdo con el FMI
Hasta ahora, Ecuador ha cumplido varios compromisos del acuerdo con el FMI, firmado en mayo de 2024. Entre ellos están:
- Aprobación del programa original.
- Dos revisiones técnicas exitosas.
- Desembolsos de fondos.
- Ampliación del acuerdo a 5.000 millones de dólares.
- Eliminación del subsidio al diésel atunero.
- Cumplimiento de metas sociales que beneficiaron a 1,3 millones de hogares.
Este conjunto de reformas, aunque controvertido, apunta a transformar de fondo las finanzas públicas ecuatorianas. El camino está marcado por decisiones fiscales complejas y exigencias que trascienden los despidos iniciales, configurando un ajuste económico estructural de largo plazo.
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