El Administrador General de la Asamblea Nacional, Norman Morales Santander, enfrenta una demanda civil por una deuda vinculada a una tarjeta de crédito con el Banco Pichincha. El caso se inició el 14 de abril de 2025 en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito.
El proceso sigue abierto y el tribunal aún no logra notificar oficialmente al funcionario. El expediente judicial es público y muestra varios intentos fallidos para realizar la diligencia.
Demanda comenzó en 2025
La demanda por cobro de dinero se presentó cuando Norman Morales trabajaba como Analista 3 en la Vicepresidencia de la República. El proceso judicial empezó el 14 de abril de 2025.
El reclamo está relacionado con una deuda generada por el uso de una tarjeta de crédito del Banco Pichincha. Desde entonces, el juzgado ha realizado varios intentos para entregar la notificación correspondiente.
Intentos de notificación al Administrador General
Funcionarios judiciales han acudido a distintos lugares vinculados con el Administrador General. Primero visitaron su domicilio registrado. También realizaron diligencias en la Vicepresidencia de la República.
Posteriormente acudieron a la Asamblea Nacional, donde actualmente trabaja Morales. Ninguno de estos intentos permitió completar la notificación.
El tribunal también envió avisos al correo electrónico personal del funcionario. La última gestión registrada ocurrió el martes 3 de marzo de 2026.
Nombramiento del Administrador General en la Asamblea
El 15 de mayo de 2025, las autoridades designaron a Norman Morales como Administrador General de la Asamblea Nacional. El nombramiento ocurrió un día después de la instalación del nuevo período legislativo 2025-2029.
El cargo pertenece al nivel jerárquico superior y funciona como puesto de confianza de la máxima autoridad legislativa. La designación fue realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.
Administrador también integra el comité fiscal
El 2 de julio de 2025, el Pleno de la Asamblea designó al Administrador General como representante del Legislativo ante el Comité Nacional de Coordinación Fiscal (CONCOF) y su subcomité.
La asambleísta Nathaly Farinango presentó la moción para esta designación. Durante el debate, afirmó que el organismo necesitaba un representante con perfil técnico y compromiso con las familias del país.
Mientras tanto, el proceso judicial por la deuda bancaria del Administrador General continúa activo en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito.
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