La bancada Acción Democrática Nacional. ADN presenta proyecto de ley para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento del crimen organizado. Esta práctica se ha expandido en los últimos años y afecta de forma directa a la seguridad y al tejido social del país.
La iniciativa propone reformas al marco legal vigente y contempla sanciones de hasta 26 años de prisión para quienes utilicen a menores en actividades delictivas. Además, incluye medidas de prevención y coordinación institucional.
Presentación de la iniciativa en la Asamblea Nacional
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg, entregaron el proyecto el miércoles 21 de enero de 2026. La asambleísta Valentina Centeno, coordinadora de la bancada ADN, recibió la propuesta.
Las autoridades señalaron que el objetivo es desarticular los mecanismos de captación usados por organizaciones criminales. También buscan garantizar que la niñez y adolescencia sean reconocidas como sujetos de derechos.
Reforma a once cuerpos legales vigentes
El proyecto contiene 44 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Plantea reformas a once normativas, entre ellas el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal.
La propuesta fortalece el Sistema Nacional de Protección Integral. Además, clarifica competencias y establece mecanismos obligatorios de coordinación territorial para detectar riesgos de reclutamiento de forma temprana.
Endurecimiento de sanciones penales
El texto legal incrementa las penas para los responsables adultos. Establece sanciones de entre 19 y 22 años de prisión para quienes recluten, utilicen o enlistan a menores, de manera individual o como parte de una estructura delictiva.
Cuando el reclutamiento se vincula con otros delitos, la pena sube de 22 a 26 años de cárcel. El proyecto también amplía el catálogo de agravantes penales.
Tratamiento judicial especializado para adolescentes
La iniciativa mantiene un enfoque diferenciado cuando adolescentes se encuentran involucrados en estos procesos. En esos casos, garantiza el acceso a una justicia especializada conforme al Código de la Niñez y Adolescencia.
Este enfoque prioriza la protección de derechos y la reintegración social. También busca evitar respuestas punitivas que profundicen la vulnerabilidad.
Enfoque preventivo y corresponsabilidad social
La vicepresidenta María José Pinto afirmó que la propuesta coloca a la niñez en el centro de la política pública. El proyecto prioriza la prevención y el acompañamiento institucional.
Indicó que la protección de niños y adolescentes requiere la acción conjunta del Estado, las familias, las comunidades y el sistema educativo.
Reclutamiento como amenaza a la seguridad del Estado
El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que el reclutamiento de menores representa una amenaza directa a la seguridad del Estado. Señaló que las organizaciones criminales usan a la niñez para reducir riesgos penales.
Recordó que, tras el Decreto Ejecutivo n.º 21 de junio de 2025, el Gobierno aprobó una estrategia nacional para enfrentar este fenómeno. Esa evaluación evidenció la necesidad de reformas legales profundas.
Protección a denunciantes y fortalecimiento investigativo
El proyecto incorpora el reclutamiento de menores y la extorsión al régimen de denuncia con reserva de identidad del COIP. Esta medida busca proteger a los denunciantes y fortalecer la investigación penal.
La asambleísta Valentina Centeno destacó que la propuesta combina sanción penal, justicia especializada y mecanismos de protección. Según indicó, el objetivo es frenar el avance del crimen organizado y proteger a la niñez.
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