El anuncio de ajustes en la agenda legislativa para 2026 por parte del presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ha generado expectativas y críticas entre analistas, exlegisladores y representantes sociales. Más allá de una simple reorganización de prioridades, el debate gira en torno a la necesidad de establecer un rumbo claro, abrir espacios reales de diálogo político y reactivar la fiscalización como pilar de la democracia.
La revisión de la agenda llega en un contexto marcado por el rechazo a la vía constituyente y por un clima de desconfianza ciudadana hacia el Legislativo. Para varios sectores, el reto no es solo qué leyes se tramiten, sino cómo y con qué objetivos se construye esa hoja de ruta.
Reformas políticas y diálogo pendiente
Juan Manuel Fuertes, excongresista y exsecretario de Gobernabilidad, sostiene que la agenda legislativa está inevitablemente ligada a los objetivos del Ejecutivo. Advierte que no se deben repetir escenarios de confrontación con la Corte Constitucional mediante la aprobación de normas que contradigan la Constitución.
Fuertes enfatiza la urgencia de un diálogo amplio entre fuerzas políticas y sociales para impulsar una reforma política integral. Señala que la revisión del Código de la Democracia debe partir de consensos mínimos y no de una visión unilateral. A su criterio, el actual sistema de proliferación de organizaciones políticas, incluso a nivel parroquial, carece de sentido y debilita la institucionalidad, por lo que plantea fortalecer los partidos políticos y eliminar estructuras meramente electorales.
Fiscalización ausente y reformas vía enmienda
Henry Cucalón, exministro de Gobierno y exasambleísta, cuestiona la casi inexistente fiscalización durante el último año, citando casos emblemáticos como Progen. Considera inadmisible que no se hayan activado mecanismos de control político frente a hechos que, a su juicio, evidencian posibles delitos contra el Estado.
Tras el cierre de la opción constituyente, Cucalón propone impulsar cambios mediante enmiendas constitucionales, conforme al artículo 441. Entre los temas prioritarios menciona reformas en sectores estratégicos de la economía y la eliminación de las atribuciones del Cpccs para designar autoridades. También plantea la necesidad de tramitar la Ley Orgánica de Repetición y proyectos relacionados con el apoyo complementario de Fuerzas Armadas y Policía.
Demandas sociales y límites a la agenda
Desde el ámbito social, Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, recuerda que en la consulta popular también se expresó un rechazo a la política económica del Gobierno. Exige que la Asamblea priorice leyes que beneficien directamente a la población y que no insista en propuestas como el trabajo por horas, la privatización de servicios de salud o la externalización de funciones del IESS.
Vargas subraya que siguen pendientes reformas a la Ley de Seguridad Social y que es urgente declarar en emergencia los sectores de salud y educación. Además, demanda normativas que impulsen la obra pública como mecanismo para generar empleo.
La postura oficialista y el debate interno
Desde el oficialismo, Niels Olsen ha señalado que la agenda se enfocará en la lucha contra la corrupción, la seguridad y la salud. En esa línea, la asambleísta Nathaly Farinango, del movimiento ADN, indicó que se analizan reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal para reestructurar el sistema de justicia.
Frente a las críticas por la falta de fiscalización, Farinango reconoce que las observaciones ciudadanas son válidas y que siempre existe margen para rectificar. Sin embargo, analistas advierten que ADN ya no cuenta con una mayoría sólida ni con una dirección política clara.
Autocrítica y ausencia de un norte claro
Héctor Rodríguez, asambleísta de la Revolución Ciudadana, espera que cesen los bloqueos a la fiscalización y que se permita avanzar en informes relacionados con derechos humanos, cárceles y casos de presunta corrupción. Insiste en la necesidad de autocrítica y de construir consensos sobre una agenda que priorice la desecuritización y evite el populismo penal.
Por su parte, el exlegislador Leonardo Berrezueta cuestiona la falta de liderazgo y cohesión del bloque oficialista, así como su desconocimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asegura que no se percibe un norte definido ni voluntad real de construir una agenda legislativa coherente, pese a que existen mandatos claros de la Corte Constitucional, como la reforma a la Ley de Seguridad Social y la regulación del teletrabajo.
La discusión sobre la agenda legislativa 2026 deja una pregunta central: más allá de con quién se dialoga, para qué se legisla. En un contexto de inseguridad, desempleo y desconfianza institucional, el desafío de la Asamblea será responder a las demandas ciudadanas con coherencia, control político efectivo y una visión de largo plazo.
Más noticias:
Pico y Placa en Quito este miércoles 7 de enero de 2026
Fuente:
