La situación de Alexandra Villacís continúa generando incertidumbre en el ámbito judicial, luego de que la audiencia de su recurso fuera diferida, prolongando un proceso que ya suma semanas sin resolución clara por parte de las autoridades.
contexto del caso de Alexandra Villacís
La audiencia del recurso de hábeas data presentada por Alexandra Villacís fue reprogramada para el 23 de marzo de 2026. La diligencia, que inicialmente debía realizarse el 18 de marzo, fue aplazada a pedido del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General del Estado.
El caso está bajo conocimiento de la jueza Jeanneth Pila Avendaño, quien lleva el proceso desde la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, en Quito.

un conflicto administrativo que afecta a la institucionalidad
El problema surge por un registro en el sistema del Ministerio del Trabajo que impide a Villacís ejercer funciones públicas. Esta situación le ha bloqueado asumir un cargo en el Consejo de la Judicatura, donde debía reemplazar a Mario Godoy.
Según la accionante, el error administrativo ha generado consecuencias legales que afectan no solo su situación personal, sino también el funcionamiento institucional.
acciones emprendidas por Alexandra Villacís
Desde febrero de 2026, Villacís ha realizado varios trámites para corregir el registro. El sistema generó un impedimento laboral por una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas, entidad que posteriormente certificó que no existían obligaciones pendientes.
A pesar de presentar documentación que respalda su cumplimiento tributario, el sistema no ha sido actualizado, lo que motivó la presentación del recurso de hábeas data.
trabas legales y decisiones judiciales previas
Antes de este recurso, Villacís intentó una acción de protección con medidas cautelares. Sin embargo, la jueza Natacha Centeno Vera inadmitió la solicitud por un tema de competencia territorial, señalando que el proceso debía tramitarse en Quito.
Esta decisión obligó a replantear la estrategia legal de la exfuncionaria.
impacto de Alexandra Villacís en el Consejo de la Judicatura
El caso tiene efectos directos en la estructura del Consejo de la Judicatura. Villacís, en su calidad de suplente, debía asumir funciones durante la ausencia temporal de Godoy, pero el impedimento registrado provocó su separación.
Esto derivó en la designación de Damián Larco como presidente encargado del organismo.
En paralelo, el Consejo de Participación Ciudadana solicitó a la Corte Nacional de Justicia una nueva terna para designar autoridades, integrada por Mercedes Caicedo, Óscar Chamorro y María Morejón.
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