El allanamiento a Segura EP en Guayaquil desató una ola de críticas desde el Concejo Municipal. Doce concejales exigen al Gobierno de Daniel Noboa pruebas concretas que justifiquen la intervención policial ejecutada el 15 de febrero de 2026. Según las autoridades municipales, la Fiscalía y el Ministerio del Interior irrumpieron sin fundamentos claros en la empresa municipal de seguridad.
Bloque de Concejales Califica la Intervención como Intromisión Indebida
Un grupo de 12 concejales, mayoritariamente afines al alcalde Aquiles Álvarez, emitió un comunicado conjunto rechazando el allanamiento a Segura EP. Los firmantes —entre ellos correístas como Arturo Escala, Shirley Aldas y Blanca López— calificaron el operativo como una «intromisión indebida» que vulnera la autonomía municipal.
«Se ejecutaron allanamientos sin que exista resultado material alguno, sin incautaciones y sin alteración de la administración», señala el documento. Además, los concejales advirtieron que defenderán la estabilidad institucional frente a cualquier mecanismo de presión del Gobierno Nacional.
Hipótesis Sobre Cámaras de Videovigilancia Genera Controversia
Por otra parte, la concejala Cinthia García del Partido Social Cristiano adoptó una postura diferente. Aunque criticó la forma de la intervención, García exigió una investigación exhaustiva sobre la hipótesis gubernamental. El Ministerio del Interior sugirió que las cámaras de videovigilancia de Segura EP podrían haber transmitido información a grupos delictivos.
«Debe establecerse una investigación seria para que esta hipótesis sea verificada o descartada para tranquilidad de la ciudadanía», manifestó García. Igualmente, solicitó al Gobierno que presente evidencias tangibles en los próximos días que justifiquen el despliegue policial en las instalaciones municipales.
Incendios en el Centro de Guayaquil Desatan Crisis Institucional
La tensión entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil escaló tras los incendios estructurales registrados el 11 y 15 de febrero en el centro histórico. Según el ministro del Interior, quien lideró personalmente la operación, existen cuestionamientos sobre los tiempos de respuesta y el manejo de información de seguridad por parte de Segura EP.
No obstante, la alcaldesa encargada Tatiana Coronel defendió la gestión municipal. Coronel rechazó las acusaciones de negligencia o colaboración con el crimen organizado. Asimismo, el bloque de concejales subrayó que la intervención carecía de justificación legal al no producir incautaciones ni evidencias materiales durante el allanamiento a Segura EP.
Fiscalía Invoca Información Reservada para Justificar Operativo
La Fiscalía General del Estado fundamentó su actuación en información de carácter reservado. Según el organismo, se habría conocido que Segura EP difundía imágenes de videovigilancia hacia un servidor externo por confirmar. Por consiguiente, el Gobierno sostiene que la intervención responde al incumplimiento de acuerdos ministeriales sobre coordinación con el ECU-911.
Mientras tanto, los concejales municipales exigen transparencia absoluta. El comunicado firmado por 12 autoridades advierte que cualquier acción debe respetar la institucionalidad local. Finalmente, la ciudadanía guayaquileña aguarda evidencias concretas que esclarezcan si existió realmente filtración de información sensible o si el operativo constituyó un exceso de autoridad gubernamental.
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