El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, elevó el tono político a pocos días de enfrentar la audiencia de juicio por el denominado caso Triple A. En este proceso, la Fiscalía investiga a 22 personas por presunto tráfico ilegal de combustibles.
El pronunciamiento se realizó el martes 27 de enero de 2026 mediante un video de aproximadamente 12 minutos, difundido en la red social X. En el mensaje, Álvarez cuestionó de forma directa al Gobierno nacional. Además, aseguró que el proceso judicial responde a una agenda política y no a una búsqueda real de justicia.
Según el alcalde, perseguirlo no solucionará los principales problemas del país. Entre ellos mencionó la inseguridad, los secuestros, el desempleo y la crisis hospitalaria. Asimismo, insistió en que el Ejecutivo no ha logrado frenar al crimen organizado ni a las mafias.
Críticas directas al presidente Daniel Noboa
Durante su intervención, Aquiles Álvarez lanzó críticas directas al presidente Daniel Noboa. En ese contexto, afirmó que no se someterá a presiones políticas ni aceptará lo que considera una persecución en su contra.
Además, cuestionó el conocimiento del mandatario sobre la realidad nacional. Según dijo, el presidente no vive de manera permanente en el país, lo que, a su criterio, lo aleja de los problemas ciudadanos.
Anuncio de agenda internacional
Álvarez informó que iniciará una agenda internacional para reunirse con misiones diplomáticas acreditadas en Ecuador. Según explicó, entregará documentación para exponer presuntas irregularidades relacionadas con el narcotráfico, el control de los puertos, el crimen organizado y la relación entre el poder político y el sistema judicial.
Indicó que, tras regresar a Guayaquil, visitará varias embajadas para presentar lo que considera evidencia sobre la presencia de mafias enquistadas en estructuras de poder.
Detalles del proceso judicial
La audiencia de juicio del caso Triple A está prevista para el sábado 31 de enero de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito. El proceso fue suspendido anteriormente, el 24 de diciembre de 2025, debido a la inasistencia de abogados de una empresa implicada y de uno de los procesados.
Ante este antecedente, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos informó que el Estado contará con cuatro defensores públicos como medida de contingencia y que el expediente completo ya fue entregado para evitar nuevas dilaciones.
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