Desde su instalación el 14 de mayo de 2025, la Asamblea Nacional ha aprobado 55 resoluciones, de las cuales al menos 12 respaldan decisiones del Ejecutivo; además, en lo que va de 2026 se registran 16 pedidos de cambio del orden del día en apenas ocho sesiones, con predominio del oficialismo.
Predominio oficialista en las resoluciones de la Asamblea Nacional
Desde que se conformó el actual periodo legislativo, la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), afín al presidente Daniel Noboa, ha impulsado una serie de resoluciones orientadas a respaldar y reconocer acciones del Gobierno.
En el sistema legislativo constan 55 resoluciones aprobadas desde mayo de 2025. Una docena de ellas están directamente relacionadas con avales políticos a decisiones del Ejecutivo, especialmente en materia de seguridad, política exterior y reactivación económica.
Uno de los primeros pronunciamientos fue el respaldo a la declaratoria del Cartel de los Soles y el Tren de Aragua como organizaciones terroristas, en sintonía con decisiones adoptadas por Estados Unidos. El documento también expresó apoyo a las acciones emprendidas por el Gobierno contra el crimen organizado.
Paro en Imbabura activó nuevas declaraciones de apoyo
Las movilizaciones impulsadas por la Conaie entre septiembre y octubre de 2025, concentradas en Imbabura, generaron una serie de resoluciones en cadena dentro del Legislativo.
El Pleno aprobó textos para:
- Respaldar a productores, comerciantes, transportistas y familias afectadas por las paralizaciones.
- Reconocer el aporte del sector productivo a la economía nacional.
- Rechazar actos de violencia y daños a bienes públicos y privados.
- Apoyar las acciones del Gobierno, Fuerzas Armadas y Policía para garantizar el orden.
Mientras tanto, la Comisión de Seguridad asumió la fiscalización de los hechos violentos denunciados tanto por manifestantes como por agentes del orden el 29 de septiembre de 2025, pero hasta ahora no se conocen conclusiones definitivas.
Reconocimientos en política exterior y economía
Otras resoluciones aprobadas incluyen el reconocimiento a la gestión diplomática y comercial con Estados Unidos y el respaldo a iniciativas internacionales para la restauración democrática en Venezuela.
En enero de 2026, la legisladora Graciela Ramírez propuso una resolución para respaldar el reposicionamiento estratégico del Ecuador en la comunidad internacional y los avances en la negociación para la exención del visado Schengen.
En la misma línea, Fabiola Sanmartín planteó destacar la disminución del riesgo país como señal de confianza internacional y estabilidad macroeconómica. También se promovieron respaldos a programas de crédito hipotecario impulsados por el Gobierno.
Cambios del orden del día: 90% en manos de ADN
Con la llegada de 2026, la dinámica no se modificó. Entre enero y febrero se realizaron ocho sesiones nuevas y se presentaron 16 pedidos de cambio del orden del día.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa permite tratar hasta tres modificaciones por sesión. Según los registros, ADN concentra el 90% de los cambios tratados y aprobados, aunque varios siguen pendientes de resolución definitiva.
Desde la oposición, especialmente la Revolución Ciudadana (RC), se cuestiona que sus pedidos suelen ubicarse en cuarto lugar, lo que impide su debate al superar el límite reglamentario.
El asambleísta Franklin Samaniego sostiene que existe una estrategia política para evitar discutir temas como la ejecución presupuestaria en salud, seguridad y ambiente. A su criterio, la Asamblea Nacional dedica demasiado tiempo a resoluciones que no generan efectos jurídicos vinculantes y que desvían la atención de las funciones de fiscalización.
Cruces políticos y pedidos de investigación se debaten en la Asamblea Nacional
Aunque el oficialismo ha promovido respaldos al Ejecutivo, también ha impulsado iniciativas relacionadas con presuntas irregularidades vinculadas a la Revolución Ciudadana.
El 5 de febrero, el legislador Luigi García planteó tratar una resolución sobre el presunto financiamiento ilícito extranjero en campañas electorales y exhortar a la Fiscalía a actuar con celeridad. La propuesta se dio tras allanamientos a dirigentes correístas en el marco del denominado caso Caja Chica.
Ese mismo día, el asambleísta Christofer Jaramillo pidió debatir una resolución para expresar respaldo a las Fuerzas Armadas ante una supuesta agresión y obstaculización de sus labores, tras la difusión de un video que involucra a un legislador de RC.
En este contexto, la Asamblea Nacional se ha convertido en un escenario de constante confrontación política, donde oficialismo y oposición disputan no solo el contenido de las resoluciones, sino también el control de la agenda legislativa.
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