La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Energía y Minería con 77 votos, luego de más de tres horas de debate y tras eliminar el artículo 29, que modificaba la distribución de regalías para provincias amazónicas.
Asamblea Nacional aprueba ley económica urgente
La Asamblea Nacional dio luz verde al proyecto enviado por el Ejecutivo el 28 de enero de 2026 con carácter económico urgente. La sesión se realizó en la Universidad ECOTEC, en Guayaquil.
El bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) impulsó la iniciativa y consiguió los votos necesarios. El texto pasará ahora al Ejecutivo para su sanción o posible veto.
Regalías amazónicas marcaron el debate
El punto más polémico fue el artículo 29. Esa disposición eliminaba el 30% del superávit de regalías petroleras que reciben los Gobiernos Autónomos Descentralizados de provincias generadoras de energía.
Tres legisladores amazónicos, exintegrantes de Pachakutik, condicionaron su respaldo a la eliminación de ese artículo. Argumentaron que el país debe fortalecer los sectores estratégicos, pero sin afectar los recursos de la Amazonía.
Tras la moción presentada por el asambleísta Anthony Becerra, el Pleno votó en dos partes. Primero aprobó los 28 artículos y las disposiciones transitorias. Luego respaldó la eliminación del artículo 29. Con ese cambio, se mantiene la asignación del 30% de regalías para las provincias amazónicas.
Posturas enfrentadas en la Asamblea Nacional
La bancada de la Revolución Ciudadana pidió archivar el proyecto. Sus legisladores cuestionaron posibles impactos ambientales y alertaron sobre la entrega de concesiones mineras.
Desde el oficialismo defendieron la propuesta. Señalaron que la ley formaliza la minería artesanal, fija permisos improrrogables por 10 años y limita a un permiso por persona. También afirmaron que la norma fortalece el control contra la minería ilegal y promueve la regularización.
El proyecto incorpora además la figura de clústeres mineros para impulsar empleo y desarrollo en los territorios donde se ejecuten actividades extractivas.
Con la aprobación legislativa, el futuro de la norma queda en manos del Ejecutivo, en un contexto de fuerte debate político sobre desarrollo económico y protección ambiental.
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