La frase clave Asamblea Nacional marca el centro del debate político tras la aprobación de una reforma penitenciaria que introduce cambios profundos en el sistema carcelario de Ecuador, incluyendo un régimen especial para procesados sin sentencia, trabajo obligatorio para presos y la incorporación de militares retirados en funciones penitenciarias.
Asamblea Nacional impulsa nuevo régimen penitenciario
La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 84 votos la reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario durante su sesión en Cuenca. La normativa plantea un régimen diferenciado para personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad, incluyendo a quienes aún no tienen sentencia ejecutoriada.
Entre los cambios más relevantes está la implementación de trabajo obligatorio para los reclusos, con el objetivo de que puedan cubrir sus necesidades básicas mientras cumplen su condena.
Cambios estructurales en el sistema carcelario
La reforma introduce una serie de medidas orientadas a reorganizar el sistema penitenciario. Entre ellas se destacan la clasificación de cárceles según niveles de seguridad, la creación de inteligencia penitenciaria y el uso de tecnología para audiencias virtuales y control de comunicaciones.
También se contempla el uso legítimo de la fuerza por parte de los guías penitenciarios, junto con procesos de capacitación, evaluación y rotación del personal.
Asamblea Nacional y las críticas de la oposición
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana surgieron fuertes cuestionamientos. Legisladores como Jahiren Noriega señalaron que la reforma carece de presupuesto y podría quedarse sin aplicación real.
Además, criticaron la gestión de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, señalando cifras preocupantes de violencia en cárceles, incluyendo fugas y muertes registradas en los últimos años.
Incorporación de militares retirados genera debate
Uno de los puntos más polémicos es la inclusión temporal de policías y militares retirados en el sistema penitenciario. La reforma permite que estos exuniformados mantengan su pensión mientras reciben un salario adicional.
Esta medida ha sido rechazada por gremios penitenciarios, que consideran injusto que no se priorice a los agentes en servicio activo y denuncian desigualdades salariales dentro del sistema.
Asamblea Nacional defiende el enfoque de la reforma
Desde el oficialismo, liderado por la asambleísta Inés Alarcón, se argumenta que la reforma busca recuperar el control estatal de las cárceles y enfrentar el avance del crimen organizado.
Según esta postura, el trabajo penitenciario no solo permitirá sostenibilidad económica para los internos, sino que también aportará a su rehabilitación y dignificación dentro del sistema.
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