Quito, 18 de julio de 2025. En los últimos años, la Asamblea Nacional del Ecuador se ha transformado en una tarima política donde procesados, prófugos y sentenciados por casos de corrupción comparecen ante la Comisión de Fiscalización. Esta práctica ha despertado críticas por parte de diversos sectores, debido al uso estratégico de estos testimonios para atacar adversarios políticos y moldear narrativas convenientes.
Comparecencias polémicas y uso selectivo del control político
A pesar de que muchas organizaciones sociales enfrentan largos procesos para ser escuchadas en las comisiones legislativas, individuos procesados por delitos graves logran comparecer de manera rápida. Uno de los ejemplos más recientes es el de Daniel Salcedo Bonilla. A pesar de estar condenado por varios delitos, fue recibido por la Comisión de Fiscalización el 17 de julio de 2025. Sorprendido por la rapidez con la que fue invitado, Salcedo lanzó una serie de acusaciones sin pruebas, prometiendo enviar documentos en los siguientes días.
Uso político de la Fiscalización: ADN y RC se enfrentan
El presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), justificó la presencia de Salcedo como parte del control político, a pesar de que su bancada no tiene funciones judiciales. Revolución Ciudadana (RC), por su parte, calificó la sesión como un «show». Sin embargo, el correísmo también ha recurrido a esta práctica cuando ha tenido el control legislativo.
Lista creciente de comparecientes con antecedentes judiciales
Entre los sentenciados y procesados que han comparecido están Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya), exministro de Energía, quien en 2022 denunció una red de corrupción en Petroecuador; Ronny Aleaga, exasambleísta de RC, que apareció desde la clandestinidad en una sesión virtual en 2024; y Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien usó su comparecencia para atacar a la Fiscal General Diana Salazar.
Testimonios sin sustento y sin verificación judicial
Las comparecencias, aunque presentadas como actos de transparencia, carecen de rigor judicial. Los invitados emiten declaraciones sin ser interrogados ni presentar pruebas verificables. Esto convierte a la Asamblea en un escenario para disputas políticas más que en un espacio de investigación seria.
El caso de Salcedo fue particularmente ilustrativo: mencionó nombres y describió mecanismos de corrupción sin mostrar evidencia. Vinculó incluso la muerte de Fernando Villavicencio con mafias hospitalarias, reforzando narrativas que favorecen a ciertos bloques.
Consecuencias para la institucionalidad
El uso reiterado de procesados y sentenciados para sustentar argumentos políticos plantea serias dudas sobre la seriedad del control legislativo. Mientras tanto, la justicia pierde espacio ante la espectacularización de las audiencias parlamentarias. La institucionalidad democrática queda debilitada, al tiempo que se refuerzan discursos partidistas que poco aportan a la verdad judicial o la transparencia real.
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