La Asamblea Nacional sesionará este jueves 26 de febrero de 2026, a las 10:00, en Samborondón para resolver el segundo informe del proyecto urgente de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, cuando falta apenas un día para que venza el plazo constitucional el 27 de febrero.
La convocatoria fue realizada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, y la sesión se desarrollará en el campus de la Universidad Ecotec, en lugar del Palacio Legislativo en Quito, debido al traslado temporal del Parlamento a Samborondón.
El Ejecutivo necesita al menos 77 votos para aprobar la iniciativa dentro del plazo previsto para los proyectos económicos urgentes.
Reforma minera: más control estatal y estímulo a la inversión
En el ámbito minero, la propuesta introduce cambios de amplio alcance a la normativa vigente. Entre los principales puntos se encuentran reformas a:
- Actos administrativos previos a la actividad extractiva
- Régimen de patente de conservación
- Etapas de exploración y explotación
- Sistema de regalías
El texto incorpora además un capítulo para fomentar la inversión, promover clústeres mineros y crear áreas con protección de seguridad estratégica. Según la argumentación oficial, estos ajustes buscan fortalecer la rectoría del Estado, clarificar competencias y dotar de mayor seguridad jurídica al sector.
La iniciativa también modifica la distribución de regalías hacia los gobiernos autónomos descentralizados, regula con mayor detalle la pequeña minería y la minería artesanal, e incluye disposiciones orientadas a reforzar controles ambientales y criterios de sostenibilidad.
No obstante, el alcance real de estos cambios dependerá del texto final aprobado y de la normativa secundaria que se emita posteriormente. La tensión entre atracción de inversión y protección ambiental marcará el debate en el Pleno.
Sector eléctrico: nuevas reglas y apertura a privados
En materia energética, el proyecto reforma la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica con varios ejes centrales:
- Redefinición del cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad
- Regulación de generación distribuida y autogeneración
- Participación excepcional de empresas privadas y estatales extranjeras
Se plantea la creación de un mercado de capacidad para garantizar suficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Además, se establecen disposiciones sobre títulos habilitantes, garantías financieras, reversión de bienes al Estado, despacho económico y distribución de utilidades en proyectos con impacto territorial.
El Gobierno sostiene que las reformas permitirán optimizar la gestión pública y privada bajo normas de orden público aplicables en todo el país. Sin embargo, el debate político se centra en cuánto espacio se abrirá al capital privado y bajo qué mecanismos de control estatal.
Críticas: alertas por retrocesos ambientales y ampliación de plazos dentro de la Asamblea Nacional
El avance hacia el segundo debate en la Asamblea Nacional ocurre en medio de cuestionamientos de organizaciones sociales, colectivos ambientales y legisladores de oposición.
Las principales objeciones se concentran en:
- Flexibilización de controles ambientales
- Sustitución de licencia ambiental por autorización administrativa en ciertas fases
- Incorporación del silencio administrativo positivo tras seis meses sin respuesta
- Ampliación del plazo máximo de exploración de ocho a 15 años
Para sus detractores, la autorización automática por falta de pronunciamiento estatal podría debilitar la protección ambiental y los derechos de la naturaleza. También advierten que la extensión del periodo de exploración permitiría la ocupación prolongada de territorios sin explotación inmediata.
La creación de áreas mineras con protección de seguridad estratégica es interpretada por algunos sectores como una posible puerta a la militarización de zonas extractivas. En el ámbito eléctrico, la ampliación de causales para delegar el servicio a privados es vista por la oposición como una privatización encubierta.
Votación ajustada y definición política
Con el plazo constitucional por vencer y la exigencia de 77 votos afirmativos, las distintas bancadas analizan el informe definitivo. Sin ese respaldo mínimo, el proyecto no podrá aprobarse en los términos planteados por el Ejecutivo.
La sesión de la Asamblea Nacional de este jueves será decisiva para definir si la reforma minera y energética se convierte en ley o si el Gobierno deberá replantear su estrategia legislativa.
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