La confrontación política entre el oficialismo y el correísmo vuelve a intensificarse en la Asamblea Nacional y ahora se traslada al ámbito judicial, en medio de un escenario marcado por la falta de consensos.
El Pleno del Legislativo deberá definir si autoriza o no que continúe el trámite de una querella penal en contra del asambleísta Juan Andrés González, actual jefe de la bancada de Revolución Ciudadana.
Sesión convocada para resolver la solicitud judicial
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó a una sesión del Pleno para el martes 20 de enero de 2026, a las 12:30. En el orden del día constan dos oficios remitidos por la Corte Nacional de Justicia relacionados con la misma causa penal.
Los documentos solicitan un pronunciamiento del Legislativo para permitir que avance el proceso judicial, en cumplimiento de las garantías constitucionales que amparan a los asambleístas mientras ejercen sus funciones.
Corte Nacional pide autorización para continuar el proceso
La solicitud judicial se origina en una querella presentada por las legisladoras Janina Rizzo y Mishel Mancheno, integrantes de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional.
Ambas legisladoras consideran que las declaraciones de González constituyen un presunto delito de calumnia, por lo que acudieron a la justicia para que se investigue el caso.
El origen del conflicto político
El conflicto se remonta a diciembre de 2025, cuando Juan Andrés González afirmó que el Gobierno de Daniel Noboa estuvo detrás del atentado con explosivos ocurrido meses antes en la Bahía de Guayaquil.
El asambleísta calificó el hecho como un autoatentado y señaló como terroristas a miembros del Ejecutivo, declaraciones que generaron una inmediata reacción del oficialismo.
Ofícios enviados por juez de la CNJ
Los oficios fueron remitidos desde el despacho del juez Felipe Córdova, integrante de la Sala Especializada de lo Penal y Corrupción de la Corte Nacional de Justicia.
El magistrado solicita que la Asamblea Nacional determine si permite que el proceso continúe en la justicia ordinaria o si se mantiene la inmunidad parlamentaria del legislador.
Un escenario sin mayorías claras
El contexto político complica la decisión. Para autorizar la continuación de la querella se requieren 101 votos, correspondientes a una mayoría calificada.
Sin embargo, la bancada oficialista no cuenta con ese respaldo. Por otro lado, para negar la solicitud se necesitan 77 votos, una mayoría absoluta que tampoco alcanza Revolución Ciudadana.
González sostiene que enfrenta una persecución política impulsada desde el Ejecutivo. Paralelamente, en el Consejo de Administración Legislativa reposan quejas que buscan suspenderlo hasta por 30 días sin remuneración.
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