La Asamblea Nacional resolvió iniciar un proceso de fiscalización a la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por la compra de 60 trolebuses eléctricos que, según un informe de la Contraloría General del Estado, habría ocasionado un perjuicio económico de USD 2,5 millones al Municipio.
La decisión fue adoptada el 20 de enero de 2026 con 79 votos a favor, principalmente de la bancada Acción Democrática Nacional y sus aliados, en una sesión marcada por el debate sobre el uso de mecanismos de cooperación internacional en procesos de contratación pública.
Observaciones de la Contraloría
De acuerdo con el informe del ente de control, la adquisición de los trolebuses no se realizó mediante subasta inversa, a pesar de tratarse de bienes normalizados, como lo establecen las recomendaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública. En su lugar, la Alcaldía de Quito recurrió a un esquema de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS.
Para los legisladores que impulsaron la fiscalización, este procedimiento habría limitado los controles habituales y encarecido la operación, lo que motivó la intervención del Legislativo.
Fiscalización desde la Asamblea Nacional
La resolución aprobada dispone que la Comisión de Relaciones Internacionales lleve adelante una investigación integral sobre las actuaciones del alcalde y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas involucradas en la compra de los trolebuses eléctricos. Además, el documento fue remitido al Concejo Metropolitano de Quito y a la Contraloría para que actúen dentro de sus competencias legales.
Los proponentes del proceso sostienen que el objetivo es aclarar el uso de la cooperación internacional y establecer responsabilidades administrativas o políticas si existieran.
Reacciones y desacuerdos políticos
Desde la bancada de Revolución Ciudadana se cuestionó que la Asamblea Nacional tenga competencia para fiscalizar a un gobierno municipal. Sus legisladores pidieron que se investiguen otros casos de alcance nacional, como contratos en sectores estratégicos, y rechazaron la resolución junto al Partido Social Cristiano y algunos independientes.
Pese a estas objeciones, la mayoría legislativa ratificó el inicio de la investigación como parte de las atribuciones de control político del Parlamento.
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