La Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización al concurso para designar al nuevo fiscal general, en medio de cuestionamientos por demoras, observaciones ciudadanas y decisiones polémicas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La Comisión de Transparencia convocó a una sesión presencial para el 27 de enero de 2026 a las 14:00 con el objetivo de activar el control político sobre el proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Diana Jácome, presidenta de la mesa legislativa, firmó la convocatoria.
En esta comisión, el movimiento ADN cuenta con seis votos, lo que le permite aprobar resoluciones sin el respaldo de otras bancadas. Con esta sesión, la Asamblea Nacional abre formalmente una revisión a un concurso que arrastra críticas desde hace varios meses.
El concurso para fiscal general sigue sin avances claros
El CPCCS conduce el proceso de designación del fiscal general, pero el concurso no avanzó dentro de los plazos establecidos. Esta situación llevó a que Diana Salazar permaneciera prorrogada en el cargo por más tiempo del previsto.
Luego de su salida, Wilson Toainga asumió la Fiscalía de forma temporal, pero presentó su renuncia. Tras ese hecho, Leonardo Alarcón fue nombrado fiscal subrogante, decisión que generó cuestionamientos por la forma en que se concretó.
Actualmente, el concurso se encuentra en la etapa de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, un paso clave para continuar con el proceso.
Observaciones a la Comisión Ciudadana de Selección
Organizaciones sociales y veedurías ciudadanas alertaron sobre irregularidades en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general.
La Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal señaló que 14 de los 30 postulantes ciudadanos sorteados no cumplían los requisitos legales mínimos. Además, indicó que 9 de los 10 delegados de las funciones del Estado tampoco reunían las condiciones exigidas por el reglamento.
Pese a estas advertencias, el CPCCS integró la comisión con 10 personas y realizó su posesión el 22 de enero de 2026, lo que incrementó las críticas al proceso.
Fiscalización tras el rechazo a un juicio político
La fiscalización legislativa se activa luego de que el Consejo de Administración Legislativa rechazara una solicitud de juicio político contra cinco consejeros del CPCCS.
El pedido fue presentado por el legislador Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, y estaba relacionado con la designación de Mario Godoy como presidente de la Judicatura. El CAL negó el trámite en dos ocasiones tras un informe técnico que cuestionó la validez de las firmas de respaldo.
Para Molina, estas decisiones buscan mantener al actual CPCCS hasta que se concrete la designación del nuevo fiscal general.
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