Fiscalización al contrato con Progen enfrenta a oficialismo, correísmo y bancadas intermedias.
¿Qué pasará con Progen? La Asamblea intenta retomar el control del caso
El contrato fallido entre el Estado ecuatoriano y la empresa Progen vuelve al debate político. Tras el anuncio de terminación unilateral del contrato por parte del presidente Daniel Noboa, la Revolución Ciudadana (RC) busca reactivar el proceso de fiscalización legislativa pese al bloqueo previo en el Pleno.
La disputa comenzó el 11 de junio de 2025, cuando la bancada correísta propuso un debate que fue frenado por falta de seis votos. Pese a ello, la Comisión de Garantías Constitucionales –presidida por la RC– arrancó una investigación, enfrentándose a la Comisión de Transparencia, controlada por el oficialismo y que reclama competencia exclusiva desde abril.
Acusaciones cruzadas entre bancadas
El asambleísta correísta Blasco Luna insiste en que este caso podría representar un perjuicio millonario al Estado, debido a anticipos y equipos que no cumplirían con las especificaciones técnicas. Además, apela a la «ética parlamentaria» para que el resto de asambleístas apoyen sanciones políticas, si corresponde.
Desde el oficialismo, el legislador Adrián Castro (ADN) rechaza las críticas y asegura que el Gobierno ya ha impuesto sanciones a Progen. Afirma que el intento del correísmo no es más que un “show mediático”, aunque también invita a fiscalizar, sin recurrir –según él– a la “tinta mágica” ni “testigos delincuentes”.
¿Quiénes apoyan la fiscalización?
El Partido Social Cristiano (PSC), mediante Alfredo Serrano, anunció su participación en las sesiones, aunque sin derecho a voto. Calificó de lamentable que un caso tan serio sea usado como herramienta política.
Pachakutik, con sus dos alas lideradas por Carmen Tiupul y Alex Toapanta, aún no ha definido una postura clara, según reportes del medio.
Progen, contratos eléctricos y riesgo de apagones
Este conflicto revive preocupaciones sobre la crisis energética del país. Contratos con Progen y Austral Technical Management (ATM) están bajo la lupa, especialmente por cláusulas de anticipo y calidad técnica de los equipos. A inicios de 2025, se intentó interpelar a la ministra de Energía, Inés Manzano, pero el oficialismo bloqueó el juicio político.
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