La Asamblea Nacional dio un paso decisivo en materia de salud pública. La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte aprobó por unanimidad el informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer. La decisión contó con el respaldo de nueve legisladores, tras un análisis técnico y jurídico del proyecto.
Este avance legislativo busca actualizar el marco normativo vigente. Además, responde a una enfermedad con alta incidencia en el país, que afecta directamente a miles de familias ecuatorianas.
Prevención y diagnóstico como ejes del sistema
La iniciativa, liderada por la legisladora Annabella Azin, propone una estructura estatal permanente. Su finalidad es fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer. Por ello, el Sistema Nacional de Salud deberá garantizar tratamiento y rehabilitación sin discriminación.
Asimismo, el proyecto establece que la atención oncológica sea un derecho efectivo. De esta manera, se elimina la dependencia de factores económicos o geográficos para acceder a servicios especializados.
Estructura normativa basada en siete capítulos
El texto legal se organiza en siete capítulos que abarcan principios de bioética, atención médica especializada, participación ciudadana y garantías de derechos. Entre los ejes rectores se incluyen la equidad, la universalidad y la humanización de los servicios de salud, sustentados en evidencia científica actualizada.
Durante su elaboración, el proyecto incorporó observaciones de organizaciones sociales, especialistas y académicos, asegurando coherencia con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Protección laboral y derecho al olvido oncológico
Uno de los aspectos más relevantes es la estabilidad laboral reforzada para las personas diagnosticadas con cáncer. Esta garantía impide que la condición médica sea utilizada como causal de despido o discriminación en los sectores público y privado, alineándose con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Además, se introduce el derecho al olvido oncológico, que prohíbe a aseguradoras y entidades financieras exigir antecedentes médicos a personas que han superado la enfermedad, eliminando barreras históricas para el acceso a servicios y créditos.
Obligaciones para prestadores de salud y cuidados paliativos
La ley establece obligaciones estrictas para los prestadores de servicios de salud, quienes deberán cumplir protocolos clínicos actualizados y garantizar el consentimiento informado. La información entregada a pacientes y familiares deberá ser clara, veraz y oportuna.
También se refuerza la atención en cuidados paliativos, reconociendo la necesidad de acompañamiento médico, psicológico y social durante todas las etapas de la enfermedad, tanto en el sistema público como en el privado.
Atención diferenciada para niños y adolescentes
El proyecto dedica un capítulo específico a la niñez y adolescencia, aplicando el principio del interés superior del menor. Se garantiza el acceso prioritario a diagnósticos tempranos, tratamientos especializados y apoyo emocional, así como la continuidad educativa durante el proceso médico.
Asimismo, se contempla un registro actualizado de medicamentos pediátricos oncológicos, permitiendo ajustes ágiles al Cuadro Nacional Básico de Medicamentos conforme a estándares internacionales.
Institucionalidad, registro nacional y financiamiento
Para asegurar la sostenibilidad del sistema, la Asamblea Nacional plantea la creación del Plan Nacional del Cáncer y de un Comité Nacional especializado. Estas instancias administrarán el Registro Nacional del Cáncer, herramienta clave para medir la incidencia de la enfermedad y optimizar la red de atención especializada.
El financiamiento provendrá de recursos específicos generados por la contribución especial a operaciones de crédito, con uso exclusivo y controlado por la autoridad sanitaria para garantizar transparencia y eficiencia.
Camino al debate final en el Pleno
Con la aprobación del informe, la Comisión de Salud recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional avanzar hacia la aprobación definitiva de la ley, alineada con directrices de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
El proyecto consolida una política de Estado orientada a la protección del derecho a la salud y a una vida digna, fortaleciendo la respuesta institucional frente a una de las principales causas de mortalidad en el país.
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