La Asamblea Nacional del Ecuador retomará sus sesiones en Quito este martes 3 de marzo de 2026 con una decisión clave en agenda: resolver si destituye al legislador Juan Andrés González, integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), tras un informe del Comité de Ética que recomienda su salida del cargo.
Para que la sanción se concrete, el Pleno necesitará al menos 101 votos afirmativos.
El regreso a Quito y una votación decisiva en la Asamblea Nacional
La sesión plenaria está convocada para las 11:00 en la sede de la Asamblea Nacional del Ecuador, luego de que el Parlamento sesionara durante una semana en la provincia del Guayas, en el campus de la Universidad Ecotec, en Samborondón.
El punto central del orden del día será el análisis del informe del Comité de Ética que concluye que Juan Andrés González incurrió en exigencias económicas indebidas a un excolaborador de su despacho y recomienda su destitución.
La denuncia que originó el proceso
El caso se activó el 11 de diciembre de 2025, cuando la asambleísta Ana Belén Tapia presentó una solicitud formal de investigación y sanción contra González, legislador por Loja y miembro de la Revolución Ciudadana.
La denuncia se fundamenta en presuntas infracciones al artículo 127 de la Constitución y al artículo 163, numeral 4, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíben a los asambleístas percibir ingresos adicionales provenientes de fondos públicos distintos a los correspondientes a su cargo.
Según la acusación, un exasistente identificado como Elvio Hernán Robles envió un correo electrónico en el que relató supuestos abusos de autoridad, exigencias de aportes económicos indebidos, solicitudes de préstamos personales e imposición de gastos ajenos a funciones institucionales.
Las pruebas analizadas por el Comité de Ética
El informe del Comité de Ética sostiene que existe coherencia probatoria suficiente para acreditar los hechos en el ámbito administrativo y disciplinario. Entre los elementos evaluados constan transferencias bancarias, comprobantes de pago, recibos, comunicaciones electrónicas, audios reproducidos en audiencia y testimonios.
El documento señala que estos elementos permiten reconstruir una secuencia de requerimientos económicos y pagos dentro de una relación jerárquica. Incluso se menciona que la devolución total o parcial de ciertos valores no desvirtúa la exigencia inicial, sino que confirma la existencia de los pagos.
Con base en ese análisis, el Comité concluye que el legislador incurrió en la infracción prevista en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que su conducta es incompatible con los principios de probidad, transparencia y responsabilidad política.
En la Asamblea Nacional se requieren 101 votos para la destitución
La recomendación del Comité es la destitución. Sin embargo, la decisión final corresponde al Pleno, que deberá reunir al menos 101 votos afirmativos para aprobar la sanción.
De alcanzarse esa cifra, González perdería su curul en la Asamblea. Si no se logra el respaldo necesario, continuará en funciones.
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