El ataque armado en Isla Mocolí sacudió la tranquilidad de uno de los sectores más exclusivos de Samborondón. El triple crimen registrado en la etapa Golf Club no solo dejó tres víctimas fatales, sino que fracturó la percepción de seguridad que durante años mantuvieron sus residentes. Este hecho violento marcó un punto de quiebre para quienes habitan en comunidades cerradas que se asumían protegidas.
La violencia llega a zonas residenciales exclusivas
Más allá del perfil de las víctimas y las hipótesis policiales, el ataque armado en Isla Mocolí instaló una conversación urgente sobre la inseguridad en urbanizaciones privadas. Fernando Huamán Febres-Cordero, dirigente barrial de La Puntilla, asegura que la noticia generó profunda consternación entre los vecinos.
«Un hecho de esta naturaleza, ocurrido en un sector que muchos consideran tranquilo, nos sacude a todos porque confirma que la violencia ya no distingue zonas ni niveles socioeconómicos», señala el dirigente comunitario.
Tras el crimen, los residentes instalaron nuevas rutinas de seguridad: limitaron la circulación nocturna, reforzaron controles privados y establecieron mayor comunicación entre vecinos. El miedo y la incertidumbre ahora forman parte del día a día en estas comunidades.
Cómo ocurrió el ataque en la urbanización cerrada
Según información oficial, los atacantes vulneraron varios filtros de seguridad para perpetrar el ataque armado en Isla Mocolí. Llegaron en dos vehículos, dañaron la pluma de acceso, agredieron a un guardia y, vestidos con ropa similar a uniformes policiales, abrieron fuego con pistolas y fusiles en una cancha deportiva.
Las autoridades confirmaron que una de las víctimas fue Stalin Olivero Vargas, alias ‘El Marino’, identificado como cabecilla de la organización criminal Los Lagartos. Las tres personas fallecidas no residían en la urbanización, sino que habrían sido invitadas al lugar. Tras la ráfaga de disparos, los sicarios huyeron hacia la ribera del río Guayas.
La falsa sensación de protección se desmorona
Un residente de la etapa Dubái expresa lo que muchos sienten: «Este episodio nos saca de una burbuja de seguridad. Vivir en una urbanización cerrada da una sensación de protección, pero no nos hace inmunes a lo que está pasando en el país».
Desde la etapa Mónaco, otro vecino contextualiza el problema: «Estamos frente a un problema mucho más grande, que tiene que ver con crimen organizado. Si el Estado no logra contenerlo, ningún comité barrial puede hacerlo solo».
Límites de la seguridad privada frente al crimen organizado
Los residentes coinciden en que los sistemas de control privado resultan insuficientes cuando se trata de objetivos específicos del crimen organizado. «Cuando hay sicariatos con objetivos puntuales, cualquier seguridad puede ser vulnerada, sea en Samborondón o en Guayaquil», advierte un vecino que prefirió mantener el anonimato.
Huamán enfatiza que las comunidades hacen su parte, pero el combate al crimen organizado corresponde al Estado con inteligencia, investigación y decisiones claras. Fortalecer la comunicación entre vecinos y mantener protocolos forma parte de la corresponsabilidad ciudadana, pero no sustituye la acción estatal.
Demandas urgentes de presencia institucional
Tanto dirigentes como residentes exigen una respuesta institucional sostenida. Patrullajes permanentes, controles efectivos y diálogo directo entre autoridades y administraciones de urbanizaciones figuran entre las principales demandas tras el ataque armado en Isla Mocolí.
«Fue todo un sistema el que falló», señala un residente al recordar que, pese a existir un único acceso a la isla, los atacantes lograron ingresar y huir sin contratiempos mayores.
En un contexto donde la violencia no reconoce fronteras sociales ni geográficas, el mensaje es claro: la seguridad no puede recaer únicamente en cerramientos y vigilancia privada. La sensación de protección puede romperse de un momento a otro si no existe una respuesta estatal integral y sostenida.
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