El debate legislativo sobre la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial quedó en suspenso. Esto ocurrió porque la bancada oficialista no logró reunir los votos necesarios. Por ello, el informe final no pudo aprobarse en la Asamblea Nacional.
Bancada oficialista sin respaldo suficiente
En primer lugar, la sesión del 24 de marzo de 2026 evidenció la falta de apoyo político. El oficialismo no consiguió consolidar acuerdos. Por lo tanto, la propuesta fue suspendida y enviada nuevamente a comisión.
Además, el asambleísta Milton Aguas solicitó que el proyecto regrese a la Comisión de Gobiernos Autónomos. Su objetivo es incorporar nuevas observaciones. Estas surgieron tras diálogos con otros legisladores y actores territoriales.
Falta de consensos en el Pleno
La decisión refleja un escenario político fragmentado donde no se alcanzaron acuerdos mínimos. Entre los argumentos expuestos se destacan la necesidad de fortalecer el sustento técnico, incorporar observaciones consideradas válidas y construir un texto que pueda lograr mayor respaldo.
El proyecto deberá ser retomado en un plazo de ocho días, conforme lo establece la normativa legislativa, antes de volver a ser debatido en el Pleno.
Bancada oficialista y críticas a la centralización
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es su posible impacto en la autonomía de los gobiernos locales. Diversos legisladores señalaron que la reforma podría generar un proceso de centralización al concentrar competencias en organismos nacionales.
También se advirtió sobre el riesgo de expansión urbana desordenada, favoreciendo intereses inmobiliarios por encima de criterios técnicos de planificación territorial.
Observaciones desde territorios y comunidades
Durante el debate, representantes de provincias amazónicas alertaron sobre la falta de inclusión de realidades locales en la propuesta. Se cuestionó que los modelos planteados no responden a las dinámicas territoriales de comunidades indígenas, donde la planificación se basa en planes de vida y no en esquemas urbanos tradicionales.
Estas observaciones no fueron incorporadas en el texto final, lo que incrementó las críticas hacia el proyecto.
Bancada oficialista frente al rechazo político
Desde otras bancadas se insistió en que la reforma podría debilitar el modelo descentralizado del país. Legisladores señalaron que la normativa permitiría reducir el control municipal sobre proyectos de vivienda y otorgar mayor poder a entidades centrales.
Asimismo, se cuestionó la posibilidad de imponer sanciones a gobiernos locales mientras se amplían las atribuciones del Ejecutivo, lo que generó preocupación por un eventual uso político de la normativa.
Impactos sociales y ambientales en debate
Las críticas también alcanzaron el ámbito social y ambiental. Se advirtió que la reforma podría afectar territorios ancestrales y facilitar procesos que no contemplen adecuadamente la consulta previa.
En ese contexto, el proyecto quedó en pausa, reflejando la necesidad de un mayor consenso político y técnico antes de avanzar con una reforma de alto impacto para el ordenamiento territorial del país.
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