El Gobierno ecuatoriano anunció que los bonos Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción se mantendrán de forma permanente hasta 2028. Esta decisión fue confirmada por el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, quien explicó que los programas contarán con un presupuesto anual de entre USD 96 millones y USD 100 millones.
Programas sociales con respaldo presupuestario
Cuando los bonos Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción se lanzaron, el Gobierno los presentó como una medida temporal. Sin embargo, la eliminación del subsidio al diésel garantizó los recursos suficientes para mantenerlos durante todo el período presidencial de Daniel Noboa.
Burbano afirmó que los programas están dirigidos a personas en situación de desempleo y tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad económica en distintos sectores del país.
Cupos y requisitos de los programas
Durante el último trimestre de 2025 se abrirán nuevas inscripciones para Jóvenes en Acción, con 80.000 cupos por año. Este programa está destinado a jóvenes entre 18 y 29 años, quienes serán vinculados a tareas dentro de los ministerios de Ambiente, Energía, Riesgos, Salud y Educación Intercultural.
De igual forma, Ecuatorianos en Acción ofrecerá 80.000 cupos anuales para personas entre 30 y 64 años, que no estén afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ni sean beneficiarias de otros bonos del MIES.
Ambos bonos Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción entregan pagos de USD 400, con el objetivo de proporcionar alivio económico y fomentar la inclusión laboral. Además, los beneficiarios deben contar con una cuenta bancaria activa y no tener antecedentes penales.
Impacto social y continuidad del apoyo estatal
El ministro Burbano reiteró que la implementación de los bonos Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción forma parte de una estrategia más amplia de apoyo social. Estos programas buscan fortalecer la equidad y mejorar las oportunidades para quienes enfrentan desempleo.
El Gobierno prevé ampliar los mecanismos de inscripción y control para asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Con ello, se consolida una política pública orientada a la estabilidad económica y al bienestar de los ciudadanos más vulnerables.
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Fuente:
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