Siete días después de su presentación, el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal propuesto por la asambleísta Camila León, de Acción Democrática Nacional (ADN), aún no ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Mientras tanto, la iniciativa permanece sin avanzar hacia el debate legislativo, lo que ha generado reacciones políticas, periodísticas y ciudadanas. El CAL, presidido por el titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, es el encargado de revisar y calificar los proyectos de ley.
La propuesta busca reformar el artículo 396, numeral 1 del COIP. Actualmente, esta norma sanciona con entre 15 y 30 días de prisión a quienes emitan expresiones consideradas ofensivas o deshonrosas, incluso a través de medios digitales.
Cambios planteados y alcance de la propuesta
El proyecto introduce la obligación de que un juez determine si una expresión constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Además, plantea que se analicen las críticas dirigidas a servidores públicos dentro del marco de sus funciones.
Según el texto, el análisis deberá realizarse conforme a estándares constitucionales e interamericanos. Sin embargo, críticos de la iniciativa advierten que esta facultad ampliaría la discrecionalidad judicial.
Por otro lado, señalan que la reforma podría generar interpretaciones subjetivas sobre cuándo una opinión está protegida y cuándo debe ser penalizada. Esta posibilidad encendió alertas en distintos sectores.
Reacciones políticas desde la oposición
El asambleísta Blasco Luna, representante del correísmo, expresó su preocupación por el contenido del proyecto. Afirmó que difícilmente coincidirán con ADN en una iniciativa que afecte la libertad de expresión.
Asimismo, advirtió que la propuesta podría abrir la puerta a la persecución de ciudadanos que opinen sobre el desempeño de funcionarios públicos. Para Luna, este escenario resulta grave y peligroso.
El legislador insistió en que la Asamblea debe actuar con madurez política. De lo contrario, dijo, se pondría en riesgo la democracia y el derecho ciudadano a expresarse libremente.
Gremios periodísticos piden archivar el proyecto
Los gremios de periodistas recordaron la experiencia de la denominada ley mordaza, vigente durante el correísmo. En ese contexto, alertaron sobre los riesgos de judicializar la libertad de expresión.
Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, sostuvo que cada intento de silenciar a la prensa pone en riesgo el ejercicio profesional. Además, afirmó que la prensa no puede estar maniatada.
Por su parte, Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas, pidió el archivo de la propuesta. A su criterio, la reforma significaría un retroceso histórico al volver a un enfoque punitivo.
Observatorios ciudadanos alertan sobre criminalización de la crítica
El Observatorio de las Libertades Ciudadanas de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo también cuestionó la iniciativa. Señaló que el proyecto busca modificar los parámetros para sancionar críticas a funcionarios públicos.
Además, advirtió que se ampliaría la discrecionalidad judicial, lo que pondría en riesgo la libertad de opinión. Por ello, instó a la asambleísta Camila León a retirar la propuesta.
En caso contrario, solicitó que el CAL ejerza sus atribuciones y evalúe la devolución motivada del proyecto si mantiene la criminalización de la crítica.
Antecedentes de iniciativas similares
Esta es la segunda vez que ADN impulsa un proyecto relacionado con la libertad de expresión. En enero de 2024, una propuesta para reformar el delito de calumnia tampoco prosperó en la Asamblea.
Aquella iniciativa buscaba imponer penas de hasta dos años de prisión y multas económicas. Finalmente, no logró el respaldo necesario para avanzar en el trámite legislativo.
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