La decisión de la Superintendencia de Compañías de intervenir en la administración accionaria de Gráficos Nacionales S.A. ha provocado un amplio debate político e institucional. El caso GRANASA, que involucra a la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, ha despertado alertas en la Asamblea Nacional por sus posibles efectos sobre la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad de expresión.
La entidad de control busca que el 40 % de las acciones de GRANASA sea administrado por un liquidador designado por la propia Superintendencia. Desde la empresa se sostiene que esta medida no responde únicamente a un conflicto societario, sino que apunta a presionar su línea editorial, una acusación que ha sido recogida por varios legisladores.
El origen del conflicto administrativo
El 29 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Compañías emitió un oficio en el que aseguró no haber encontrado trazabilidad en el traspaso de acciones de la empresa Veranera, actualmente en liquidación, hacia Ingrid Martínez Leisker. En consecuencia, ordenó a GRANASA revertir la operación y registrar nuevamente dichas acciones en su libro societario.
Ante este requerimiento, la compañía respondió el 5 de enero mediante un oficio firmado por su procurador judicial, Eduardo Carmigniani. En el documento se advierte que la exigencia de la Superintendencia implicaría que el representante legal de la empresa incurra en una actuación contraria a la ley.
El abogado recordó que el libro de acciones y accionistas es el único instrumento legal que acredita la propiedad de acciones en una compañía anónima, conforme lo establece la Ley de Compañías. Añadió que el Registro de Sociedades de la Superintendencia cumple únicamente fines informativos y no puede prevalecer sobre los registros internos de la empresa.
Reacciones políticas en la Asamblea Nacional
El caso trascendió el ámbito empresarial y llegó al debate legislativo. El asambleísta del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, calificó la actuación de la Superintendencia como una persecución directa contra los diarios EXPRESO y EXTRA. A su criterio, se estaría repitiendo un patrón observado en anteriores gobiernos, cuando se produjeron presiones estatales contra medios de comunicación críticos.
Desde el correísmo también se expresaron reparos. La legisladora Viviana Veloz manifestó su preocupación por la posibilidad de que la administración forzada de acciones se convierta en un mecanismo para limitar la independencia de los medios y afectar la libertad de expresión, a la que definió como un pilar de la democracia.
Posturas divergentes sobre el alcance del caso
El legislador independiente Cristian Benavides ofreció una lectura distinta del conflicto. Señaló que la intención de la Superintendencia estaría relacionada con un aspecto económico y no con un intento de controlar la línea editorial. No obstante, subrayó que existen mecanismos legales para defender la libertad de prensa y que el ejercicio periodístico debe sostenerse en la ética y la transparencia.
Serrano, por su parte, advirtió que el precedente va más allá del caso puntual de GRANASA. Según indicó, una interpretación expansiva de las facultades de la Superintendencia de Compañías podría afectar la confianza empresarial y generar inseguridad jurídica en el país.
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