La Corte Nacional de Justicia convocó para el martes 4 de junio, a las 09:00, la audiencia de vinculación al caso Ligados. Esta diligencia involucra a Andrés A., secretario de la Revolución Ciudadana; Esther C., exasambleísta; y Raúl G., exsuperintendente de Bancos, todos ellos señalados por el presunto delito de asociación ilícita.
La audiencia tendrá lugar en el octavo piso del edificio de la Corte, ubicado en el norte de Quito. Fue solicitada por la Fiscalía General del Estado el pasado 19 de mayo, y fue admitida nueve días después. Este avance judicial representa una nueva fase dentro del caso Ligados, que continúa generando controversia en el ámbito político y judicial del país.
Conexión con otras investigaciones en el caso Ligados
Cabe destacar que el caso Ligados no se limita a estos tres implicados. También abarca procesos paralelos contra los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Augusto V., Eduardo F. L. y Yadira S.. Las indagaciones apuntan a presuntas presiones políticas y actuaciones irregulares en la designación del Superintendente de Bancos para el periodo 2022–2027, ignorando un dictamen vinculante de la Corte Constitucional, emitido en diciembre de 2024.
Evidencias clave y el papel de los involucrados
El caso cobró relevancia tras la revisión de chats extraídos del teléfono celular de Augusto V. En esos mensajes se menciona a Andrés A. y Esther C. como figuras decisivas para evitar la posesión de Roberto Romero von Buchwald, favoreciendo a Raúl G. como nuevo titular. Según la Fiscalía, Esther C., en calidad de presidenta encargada de la Asamblea, habría desempeñado un papel determinante en la supuesta maniobra.
Resolución de la Asamblea Nacional y consecuencias legales
Un punto relevante en el caso Ligados es la decisión tomada por la Asamblea Nacional el 27 de mayo. En esa fecha, el Legislativo resolvió que no era procedente levantar la inmunidad de Esther C., bajo el argumento de que ya no forma parte del órgano legislativo. Como consecuencia, la exasambleísta puede ahora ser procesada penalmente sin necesidad de autorización parlamentaria, lo que allana el camino para profundizar en las investigaciones del caso Ligados.
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