El proceso judicial conocido como caso Triple A entra en una fase decisiva tras más de un año de retrasos, suspensiones y cuestionamientos. La causa investiga el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos y suma hasta ahora 13 audiencias fallidas, un dato que ha encendido alertas en el sistema judicial y en los entes de control.
La próxima audiencia de juicio está programada para el sábado 31 de enero de 2026, fecha considerada clave luego de múltiples diferimientos que han postergado el avance del proceso.
Entre los vinculados consta Aquiles A., actual alcalde de Guayaquil, junto a otras personas naturales y empresas del sector hidrocarburífero.
Estrategias dilatorias y audiencias frustradas
Según Christian Puente, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, durante el desarrollo del proceso se han evidenciado maniobras orientadas a retrasar la instalación de las audiencias.
De acuerdo con el funcionario, en las 13 diligencias fallidas se repitieron situaciones como renuncias de abogados horas antes de las audiencias y la presentación de certificados médicos para justificar ausencias. Estas acciones habrían impedido que el juicio avance con normalidad.
Ante este escenario, la administración de justicia decidió designar cuatro defensores públicos para garantizar la presencia legal de las partes en la audiencia prevista para finales de enero de 2026, a quienes se les entregó el expediente completo del caso.
Irregularidades en el manejo de hidrocarburos
Uno de los puntos centrales del proceso está relacionado con presuntas inconsistencias en el despacho y facturación de hidrocarburos. Puente señaló que la empresa Ternape, dentro del segmento naviero, habría recibido entre 2020 y 2024 alrededor de 65 millones de galones de combustible por parte de Petroecuador.
Sin embargo, el valor facturado correspondería a USD 55 millones, lo que dejaría sin justificar aproximadamente 10 millones de galones. En los registros de la ARCH constaría únicamente un tanque con capacidad para 250.000 galones, por lo que más de 9 millones de galones no tendrían un destino identificado.
Personas y empresas investigadas
En diciembre de 2024, un juez ordenó una instrucción fiscal de 90 días contra cinco personas naturales y cinco empresas vinculadas al caso. Entre las medidas cautelares impuestas constan la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para los procesados, así como la prohibición de enajenar bienes para las compañías involucradas.
Posteriormente, en febrero de 2025, la Fiscalía solicitó la vinculación de Aquiles A. y de otras nueve personas, ampliando el número de investigados a 16 personas naturales y seis jurídicas.
Cronología de suspensiones del caso Triple A
El proceso ha estado marcado por ausencias médicas, cambios de abogados y pedidos de diferimiento desde octubre de 2024. La primera audiencia de formulación de cargos logró instalarse recién en diciembre de ese año.
Durante 2025 se registraron nuevas suspensiones, multas a abogados por inasistencia y revisiones al expediente. Aunque en junio se presentó el dictamen acusatorio y se solicitó el llamado a juicio, la primera fase del proceso judicial se inició meses después.
La última suspensión ocurrió el 24 de diciembre de 2025 por la ausencia de dos defensores, fijándose finalmente la audiencia para el 31 de enero de 2026.
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