La fallida instalación de las centrales eléctricas Quevedo III y El Salitral, a cargo de la empresa estadounidense Progen Industries LLC, dejó un fuerte impacto económico para el Estado ecuatoriano. Pese a los reiterados incumplimientos contractuales y a que no se incorporó ni un solo megavatio al sistema eléctrico nacional, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) desembolsó USD 107,37 millones, equivalentes al 76 % del monto total contratado, que ascendía a USD 149,1 millones.
La información consta en la demanda presentada por Celec en Estados Unidos, en la que se acusa a Progen de presunto fraude, enriquecimiento injusto y prácticas comerciales engañosas.
Seis pagos millonarios sin resultados concretos
De acuerdo con la documentación judicial, Celec realizó seis transferencias bancarias internacionales entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. En el caso de la central Quevedo III, se ordenó el pago de USD 37,79 millones, distribuidos en cinco transferencias efectuadas entre enero y marzo de 2025, a una cuenta de Progen en Regions Bank, con sede en Birmingham, Alabama.
Por su parte, el proyecto El Salitral recibió un desembolso de USD 69,58 millones en septiembre de 2024. Estos pagos se efectuaron pese a que los proyectos no cumplieron con el objetivo central del contrato: la incorporación de 150 megavatios (MW) al sistema eléctrico ecuatoriano.
Plazos ampliados y plantas que nunca operaron
A pesar de que Celec otorgó ampliaciones de plazo para ambos proyectos, los resultados nunca se materializaron. Según la demanda, los motores importados llegaron al país cubiertos con una película plástica y no fueron puestos en funcionamiento, por lo que el sistema eléctrico no recibió ningún aporte energético.
Esta situación agravó el impacto de la crisis eléctrica que enfrentó el país, en momentos en que la incorporación de nueva capacidad de generación era considerada prioritaria.
Sospechas sobre equipos reacondicionados y de bajo valor
Uno de los puntos más graves señalados en la demanda es que Progen habría entregado equipos que no eran nuevos, pese a que el contrato exigía generadores de fábrica. Celec sostiene que las empresas AP Inspections Latinoamericana y A.P. Inspections LLC, vinculadas a directivos de Progen, certificaron de manera falsa que los equipos cumplían con las especificaciones contractuales.
En realidad, señala la estatal eléctrica, se trataba de generadores reacondicionados y de poco valor, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de engaño para obtener pagos millonarios sin cumplir con lo pactado.
Dudas sobre el origen de los motores
La demanda también advierte que Progen habría presentado documentos en los que se afirmaba que los generadores contaban con motores EMD. No obstante, Celec sostiene que dicha fábrica nunca vendió motores a Progen, lo que abre interrogantes sobre la procedencia real de los equipos suministrados.
Ante este escenario, la empresa pública busca en tribunales estadounidenses una reparación integral que permita resarcir al Estado ecuatoriano por los perjuicios económicos ocasionados.
Cuestionamientos por la falta de garantías contractuales
El asambleísta Lenín Barreto, de la Revolución Ciudadana, consideró que la pretensión de recuperar los recursos podría ser compleja, ya que en los contratos firmados no se incluyó una garantía de buen uso del anticipo. A su criterio, los pagos debieron estar condicionados al cumplimiento de hitos verificables, como la inspección técnica de los equipos, su entrega efectiva y la entrada en operación de las plantas.
El caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de contratación pública, la fiscalización de proyectos estratégicos y la responsabilidad institucional en el manejo de recursos estatales.
Un caso emblemático en medio de la crisis eléctrica
El pago de más de USD 107 millones sin resultados concretos se convierte en uno de los episodios más críticos vinculados a la gestión de proyectos energéticos en Ecuador. Mientras el país enfrenta desafíos estructurales en su sistema eléctrico, el proceso judicial contra Progen busca esclarecer responsabilidades y sentar precedentes para evitar que situaciones similares se repitan.
Fuente: Diario Expreso
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