La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su primer informe temático sobre los derechos de las personas con discapacidad, titulado «La situación de los derechos de las personas con discapacidad en las Américas», en el que denuncia patrones de discriminación estructural y ofrece recomendaciones concretas a los Estados de la región.
El documento representa un diagnóstico amplio sobre los obstáculos que enfrentan estas personas para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Asimismo, propone una transformación profunda en las leyes y políticas públicas para garantizar su inclusión.
De modelos estigmatizantes al enfoque social
El informe revisa los distintos enfoques desde los que históricamente se ha entendido la discapacidad, señalando que modelos centrados en la patología individual han contribuido a perpetuar la exclusión. En contraste, la CIDH respalda el modelo social, que entiende la discapacidad como resultado de barreras sociales y no como una condición personal a “corregir”.
Este enfoque, explica el organismo, es el más adecuado para aplicar los estándares del marco jurídico interamericano y universal. Estos incluidos en los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana contra la Discriminación.
Acceso a derechos y participación política
A partir de este modelo, la CIDH analiza el acceso de las personas con discapacidad a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También examina su inclusión en la vida política, reconociendo avances en algunos países de la región que han implementado medidas positivas, como leyes de inclusión laboral o políticas de educación accesible.
El informe destaca buenas prácticas pero también subraya la necesidad urgente de fortalecer marcos normativos y políticas públicas que reconozcan a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho.
El derecho a la capacidad jurídica, clave para ejercer todos los demás
Uno de los ejes centrales del documento es el reconocimiento del derecho al ejercicio de la capacidad jurídica, considerado esencial para el acceso al resto de los derechos. En este punto, la CIDH insta a abandonar los sistemas de sustitución de la voluntad. Además busca avanzar hacia modelos que respeten la autonomía y el consentimiento informado de las personas con discapacidad.
Recomendaciones para un cambio estructural
En su informe, la CIDH urge a los Estados a adoptar integralmente el modelo social de discapacidad en todas sus normativas, sentencias judiciales y políticas públicas. Además, pide establecer mecanismos legales claros para prevenir, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos en este ámbito.
También reafirma su disposición para brindar asistencia técnica a los países que decidan avanzar en la implementación efectiva de estos estándares.
Un llamado a la visibilidad y al compromiso
La CIDH confía en que la amplia difusión del informe contribuirá a visibilizar los desafíos y oportunidades para una inclusión efectiva de las personas con discapacidad en las Américas. El organismo reitera su compromiso con la promoción y protección de sus derechos dentro del sistema interamericano.
Fuente: CIDH
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