Un acuerdo estratégico con cláusulas sensibles
El traspaso de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), la mayor obra de generación eléctrica del Ecuador, a la empresa estatal china PowerChina avanza, pero no sin generar inquietud. El acuerdo suscrito en junio de 2025 en Beijing, durante la visita oficial del presidente Daniel Noboa a China, incluye una serie de condiciones que comprometen al Estado ecuatoriano a realizar concesiones legales, técnicas y financieras de alto impacto.
Según documentación a la que accedió Diario EXPRESO, antes de concretar la delegación de la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica, Ecuador deberá desistir del arbitraje internacional contra Sinohydro, constructora de la obra y parte del conglomerado PowerChina, además de renunciar a futuros reclamos, recibir formalmente la central y liberar garantías bancarias millonarias.
El retiro del arbitraje, el primer paso clave
El proceso comenzó formalmente el 31 de diciembre de 2025, cuando el directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), presidido por el propio presidente Noboa, autorizó el retiro del arbitraje iniciado en mayo de 2021 contra Sinohydro. En esta demanda, Ecuador reclamaba cerca de $580 millones por concepto de remediación de fallas estructurales.
Entre los principales problemas identificados constan más de 17.000 fisuras en los distribuidores —considerados el corazón de la central—, defectos en los rodetes y falencias en los desarenadores. Pese a la magnitud de estas observaciones, el acuerdo de liquidación establece que ambas partes renuncian de manera “irrevocable” a cualquier reclamo presente o futuro, incluso aquellos aún desconocidos.
La recepción de una obra nunca aceptada
Aunque Coca Codo Sinclair opera desde noviembre de 2016, el Estado ecuatoriano nunca la ha recibido a conformidad debido a los problemas técnicos detectados. Sin embargo, para avanzar con el traspaso, el Gobierno deberá aceptar formalmente la obra, que únicamente cuenta con un certificado de aceptación provisional desde hace casi una década.
Este punto resulta especialmente sensible, ya que un examen especial de la Contraloría General del Estado determinó en 2019 un perjuicio de $165 millones para el país, derivado de incumplimientos contractuales y fallas estructurales. Especialistas advierten que asumir la recepción de la obra podría generar responsabilidades futuras para los funcionarios que firmen este proceso.
La liberación de garantías por cerca de $200 millones
Otra de las condiciones clave del acuerdo es la liberación de todas las garantías entregadas por Sinohydro durante la fase de construcción y puesta en marcha. Estas incluyen la garantía de fiel cumplimiento, la ambiental, la de funcionamiento correcto y la de ausencia de defectos en los distribuidores.
De acuerdo con información obtenida por EXPRESO, el valor promedio de estas garantías asciende a unos $200 millones, una cifra similar a la compensación que el Gobierno recibiría de PowerChina a cambio del retiro del arbitraje. Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente y Energía ha señalado que Ecuador obtendría otros $200 millones para el desarrollo de un nuevo proyecto eléctrico, sumando un total de $400 millones.
¿Compensación suficiente frente a los riesgos?
Para expertos del sector, el punto crítico radica en determinar si los $200 millones de compensación cubrirán los defectos existentes en Coca Codo Sinclair. Gabriel Secaira, especialista en temas eléctricos, advierte que la negociación debe evaluar con precisión si estos recursos son suficientes para corregir las fallas detectadas, especialmente considerando la importancia estratégica de la central.
CCS tiene una capacidad instalada de 1.500 megavatios y aporta cerca del 25 % de la electricidad que consume el país, lo que la convierte en una infraestructura clave para la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Costos operativos y dudas sobre el mantenimiento
Otro aspecto que genera interrogantes es el costo que deberá asumir el Estado por la operación y mantenimiento de la central bajo administración de PowerChina. En el sector se estima que este rubro oscilará entre $50 millones y $60 millones anuales.
Ricardo Buitrón, consultor en proyectos hidroeléctricos, subraya la necesidad de comparar estos costos con los que actualmente asume el Estado y, sobre todo, de conocer si el contrato contempla la corrección de las fisuras estructurales. “Si después de 20 años nos devuelven una infraestructura deteriorada, el daño para el país podría ser mayor que el beneficio”, advierte.
Erosión regresiva: un riesgo fuera del contrato
A las preocupaciones técnicas y legales se suma la amenaza de la erosión regresiva del río Coca, cuyo frente se encuentra a apenas 3,6 kilómetros de las obras de captación de la central. Según la Celec, este fenómeno no está cubierto en el contrato con PowerChina.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, reconoció en noviembre de 2025 que este riesgo no tiene cobertura contractual. “Nadie cubre la erosión regresiva”, afirmó, dejando en evidencia una vulnerabilidad crítica para la infraestructura.
Un acuerdo que exige transparencia
Ante la magnitud de las decisiones involucradas, expertos coinciden en que el Gobierno debe transparentar los análisis técnicos, económicos y legales que sustentan el traspaso de Coca Codo Sinclair. La central es vital para el país, pero sus problemas estructurales, sumados a los compromisos asumidos, plantean un escenario complejo que marcará el futuro del sistema eléctrico ecuatoriano.
Fuente: Diario EXPRESO
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