La tensión en medio de la escalada arancelaria bilateral comercial entre Ecuador y Colombia escaló a un nuevo nivel luego de que el Gobierno colombiano anunciara que presentará una demanda contra Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El conflicto se enmarca en la aplicación recíproca de aranceles del 30 %, que comenzó a regir a inicios de febrero de 2026.
Colombia anuncia demanda ante la CAN
Tras la reunión bilateral celebrada el 6 de febrero en Quito, que no logró destrabar el conflicto, Colombia confirmó que acudirá a la CAN por lo que considera un incumplimiento del Acuerdo de Cartagena, tratado que regula el comercio intrarregional entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú desde 1969.
La Cancillería colombiana señaló que solicitó a Ecuador suspender los aranceles del 30 % vigentes desde el 1 de febrero. Sin embargo, aseguró que Quito condicionó cualquier revisión de la tasa a acuerdos más amplios en materia de seguridad y control fronterizo.
Hasta el 9 de febrero de 2026, la CAN no había confirmado oficialmente la recepción de la demanda ni el inicio de un proceso formal.
Nuevas medidas arancelarias y tensiones energéticas
Ante la falta de un entendimiento inmediato, Colombia anunció que emitirá un decreto para aplicar aranceles del 30 % a más de 50 productos ecuatorianos, aunque hasta esa fecha la normativa aún no había sido expedida.
El Gobierno colombiano sostuvo que había postergado esa medida con la expectativa de alcanzar acuerdos rápidos. En paralelo, suspendió el suministro de electricidad a Ecuador como parte de la respuesta a las decisiones adoptadas por Quito.
Por su parte, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa por el transporte de crudo de Ecopetrol a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), incrementando así la presión bilateral.
Ecuador atribuye el conflicto a la seguridad fronteriza ante escalada arancelaria bilateral
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador rechazó la postura colombiana y sostuvo que el origen del conflicto radica en la falta de control efectivo del Estado colombiano en su frontera sur.
El presidente Daniel Noboa había anunciado el pasado 21 de enero la imposición de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando que Colombia no ejecutaba acciones firmes contra el narcotráfico, los grupos criminales y las economías ilegales en la zona fronteriza.
Según la Cancillería ecuatoriana, en la reunión bilateral Colombia reconoció problemas de control fronterizo y se comprometió a erradicar cultivos de coca, combatir la minería ilegal y reforzar la seguridad mediante inversiones tecnológicas e intercambio de información.
Compromisos de escalada arancelaria bilateral sin calendario y comercio en riesgo
Aunque ambas partes manifestaron voluntad de diálogo, no se fijó una nueva fecha para continuar las negociaciones. Entre los compromisos mencionados están la revisión de casos de colombianos presos en Ecuador, el levantamiento de la suspensión de exportaciones de electricidad y la evaluación de la tarifa del oleoducto.
El conflicto pone presión sobre una relación comercial que supera los 2 800 millones de dólares anuales. Además, la balanza comercial es desfavorable para Ecuador en cerca de 900 millones de dólares, lo que aumenta la sensibilidad económica del impasse.
Fuente: El Comercio
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