Las comunidades indígenas de la provincia del Azuay iniciaron acciones legales para intentar suspender la aplicación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, tras su reciente aprobación en la Asamblea Nacional del Ecuador.
La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay presentó una acción de protección con el objetivo de detener los efectos de la normativa y anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador. La organización sostiene que la ley modifica de forma estructural el modelo de control ambiental y vulnera derechos colectivos de las comunidades indígenas.
El pronunciamiento fue respaldado por nueve organizaciones sociales y activistas que consideran que el nuevo marco legal elimina el sistema tradicional de licencia ambiental y lo reemplaza por un esquema de autorización anticipada para proyectos extractivos.
Preocupación en comunidades indígenas por control ambiental y seguridad
Según los dirigentes indígenas, la reforma podría debilitar los mecanismos de evaluación y fiscalización ambiental en actividades mineras y energéticas. Además, advierten que la normativa abriría la posibilidad de intervenciones de seguridad militar en zonas extractivas, lo que generaría tensiones en territorios rurales.
El colectivo también cuestiona que la aprobación de la ley se realizó sin un proceso de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas, lo que —según argumentan— contraviene el artículo 57 numeral 17 de la Constitución, que reconoce el derecho a participar en decisiones legislativas que puedan afectar sus territorios.
Comunidades indígenas exponen riesgo para fuentes de agua en Quimsacocha
Uno de los puntos más sensibles señalados por las comunidades es la posible afectación del área de Quimsacocha, cercana al sistema hídrico de Loma Larga. De acuerdo con las organizaciones, en esta zona se origina el suministro de agua para más de 400.000 habitantes de Cuenca, por lo que cualquier actividad extractiva representaría un riesgo para la seguridad hídrica regional.
Las comunidades indígenas también criticaron el respaldo de varios asambleístas de Azuay que votaron a favor del proyecto, señalando que la decisión contradice demandas históricas de defensa territorial y ambiental en la provincia.
Acciones legales y movilización social
Entre las medidas anunciadas se encuentran:
- La presentación formal de la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
- La solicitud de suspensión de los efectos de la ley mediante acción de protección.
- La promoción de procesos de revocatoria de mandato contra el presidente de la República y los legisladores que apoyaron la norma.
- La convocatoria a movilización social permanente en defensa del agua, los territorios comunitarios y los derechos colectivos.
Las comunidades anticiparon además una audiencia oral pública prevista para el 27 de febrero de 2026 en el Complejo Judicial del Azuay, donde sustentarán sus argumentos jurídicos contra la aplicación de la ley minera y energética.
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