El concurso de fiscal en Ecuador entró oficialmente en su fase decisiva con la posesión de la Comisión Ciudadana de Selección, un organismo que deberá elegir al próximo Fiscal General del Estado, pese a las críticas por los bajos puntajes obtenidos por varios de sus integrantes.
Luego de meses de retrasos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posesionó a la Comisión el 23 de enero de 2026, activando un proceso que debería concluir, según el cronograma oficial, antes de julio del mismo año. Actualmente, la Fiscalía está dirigida de manera encargada por Carlos Alarcón, quien ocupa el cargo desde noviembre de 2025 y ha manifestado su intención de postular.
Plazos ajustados y riesgo de sanciones
El Consejo de Participación estableció que la Comisión cuenta con un plazo máximo de cuatro meses para ejecutar el proceso, con la posibilidad de una prórroga adicional de dos meses. Si se superan esos tiempos, los comisionados podrían ser destituidos y responder ante la Contraloría por las dietas recibidas con fondos públicos.
Sin embargo, la experiencia de concursos anteriores muestra que acciones judiciales y recursos legales podrían extender el proceso por varios meses más, afectando nuevamente la estabilidad institucional de la Fiscalía.
Puntajes bajos generan dudas sobre la Comisión
Las mayores observaciones recaen sobre los representantes de la ciudadanía dentro de la Comisión. La Veeduría Ciudadana del concurso sostiene que más de la mitad de los 20 integrantes, entre titulares y suplentes, no cumplía con los requisitos exigidos en la fase de méritos y oposición.
Los puntajes obtenidos evidencian esa preocupación: la calificación más baja fue de 17,5 sobre 50 puntos, mientras que otros comisionados no superaron los 25 puntos, una cifra considerada insuficiente para asumir la responsabilidad de elegir al Fiscal General del Estado.
El sorteo que alteró la fase de méritos
El reglamento vigente establece que los 30 mejores puntuados, 15 hombres y 15 mujeres, ingresen a un sorteo público para definir titulares y suplentes. Este mecanismo dejó fuera a aspirantes con más de 40 puntos y permitió el ingreso de otros con calificaciones considerablemente menores.
Según la Veeduría, este sistema distorsionó la fase de méritos y oposición, debilitando el criterio de selección basado en capacidad y experiencia.
Defensa del Consejo de Participación
Desde el Consejo de Participación se argumenta que la normativa no exige un puntaje mínimo y que el proceso se ha desarrollado conforme a la ley. Además, se recordó que los comisionados delegados por las funciones del Estado no pasan por la fase de méritos y oposición, ya que su designación responde a representación institucional.
Capacitación y próximos pasos del proceso
Una vez posesionados, los integrantes de la Comisión recibirán una capacitación administrativa obligatoria, enfocada en temas de transparencia, gestión financiera y procedimientos internos.
En paralelo, deberán elegir a sus autoridades, aprobar el cronograma y lanzar la convocatoria oficial para los postulantes al cargo de Fiscal General. Aunque el Consejo sostiene que el plazo corre desde la convocatoria, el reglamento reformado indica que el tiempo empezó a contarse desde el 22 de enero de 2026, lo que añade presión a un proceso ya marcado por la polémica.
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