El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reafirma que el concurso para fiscal general del Estado se desarrolla conforme a la normativa vigente, a pesar de los reclamos presentados por veedurías y organizaciones civiles que cuestionan la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.
Las críticas surgieron tras el sorteo de los integrantes de la comisión, realizado el 14 de enero de 2026, un proceso en el que participaron más de 300 veedores a nivel nacional. Los observadores advirtieron posibles irregularidades que, según su criterio, afectarían la legitimidad del concurso.
Reclamos de veeduría y comisión cívica
La veeduría ciudadana del proceso alertó sobre supuestas inconsistencias durante la conformación de la Comisión Ciudadana, señalando que algunos miembros no cumplirían los requisitos establecidos. A estas observaciones se sumó la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal, que cuestionó la admisión de determinados comisionados y la falta de controles previos.
Las denuncias derivaron en la presentación de una acción de protección con medida cautelar, con el objetivo de frenar el avance del concurso hasta que se analicen las presuntas anomalías detectadas.
Fantoni rechaza los reclamos y defiende el proceso
No obstante, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, rechazó las acusaciones. A su criterio, los cuestionamientos carecen de sustento jurídico. Además, afirmó que el concurso para fiscal general ha respetado cada una de las fases previstas en la normativa.
En cuanto a la veeduría, explicó que el CPCCS solicitó un informe final. Dicho documento deberá contar con el respaldo de la mitad más uno de los veedores acreditados, y no solo con la firma del coordinador.
Límites legales para revisar el concurso
Por otra parte, Fantoni aclaró que el Pleno del CPCCS no puede retroceder etapas ya concluidas. Esto se debe al principio de preclusión, que rige los procesos de designación pública.
Según explicó, cada fase cerrada queda firme y no puede ser revisada posteriormente. Por ello, señaló que existe un desconocimiento de los procedimientos por parte de algunos críticos del concurso.
Asimismo, recordó que el CPCCS es una entidad pública obligada a cumplir la ley. En cambio, las comisiones cívicas son iniciativas privadas sin vínculo jurídico directo con la institución.
Diferencias internas en el Pleno del CPCCS
A pesar de la defensa institucional, existen posturas divididas dentro del Pleno. La consejera Piedad Cuarán votó en contra del sorteo de la Comisión Ciudadana. Según explicó, lo hizo como una medida de prudencia administrativa.
De igual forma, la consejera Nicole Bonifaz manifestó su desacuerdo con el desarrollo del concurso. Indicó que ha señalado irregularidades durante las sesiones y cuestionó que la mayoría haya cerrado mecanismos internos de corrección.
En consecuencia, el concurso para fiscal general avanza en medio de un escenario marcado por tensiones internas y reclamos externos, mientras el CPCCS insiste en la legalidad del proceso.
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