El conflicto de intereses en IESS ha generado un profundo cuestionamiento sobre la transparencia institucional. Ni el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni la Asamblea Nacional han asumido una postura clara frente a las denuncias presentadas contra Édgar Lama. El hermetismo del oficialismo se percibe como una respuesta calculada ante las acusaciones de irregularidades en el manejo de recursos destinados a prestadores externos.
José Guevara, presidente ejecutivo del Complejo Hospitalario Interhospital, denunció públicamente que Lama habría direccionado los pagos del IESS hacia empresas hospitalarias vinculadas con su familia. Esta situación, según Guevara, afecta directamente a otras casas de salud que compiten en igualdad de condiciones y vulnera los principios de ética administrativa.
Edgar Lama y el conflicto de intereses en IESS
El conflicto de intereses en IESS se intensifica ante el silencio de las autoridades. EXPRESO solicitó entrevistas tanto con Édgar Lama como con su equipo de comunicación, pero no hubo respuesta. Tampoco se ha pronunciado la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, presidida por el oficialista Eckenner Recalde, lo que refuerza la percepción de falta de fiscalización en un tema de evidente relevancia pública.
Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción, calificó como alarmante el silencio del bloque oficialista, especialmente porque el propio presidente Daniel Noboa designó a Lama pese a las advertencias previas. Según Ramírez, la Contraloría General del Estado debería actuar de oficio ante un caso que involucra la gestión de una institución fundamental como el IESS.
Fiscalización y transparencia ante el conflicto de intereses en IESS
El conflicto de intereses en IESS requiere una investigación inmediata. La Contraloría y la Superintendencia de Compañías deben examinar las contrataciones y pagos realizados bajo la administración actual. Además, es indispensable conocer los nombres de los accionistas de las empresas hospitalarias beneficiadas.
Ramírez insistió en que la Asamblea Nacional tiene el deber constitucional de iniciar un proceso de fiscalización y exigir la rendición de cuentas. No obstante, la falta de respuesta de la mayoría oficialista augura un desenlace previsible: el encubrimiento político.
El caso de Édgar Lama pone a prueba la voluntad del Estado para garantizar la transparencia en la gestión pública y erradicar los conflictos de intereses en el IESS, institución esencial para la seguridad social de millones de ecuatorianos.
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Fuente:
www.expreso.ec
