El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a dos jueces de la Unidad Anticorrupción por su presunta vinculación con el Caso Fachada. La investigación se relaciona con delincuencia organizada y tráfico de influencias.
La decisión se tomó el 24 de febrero de 2026, tras analizar el expediente disciplinario abierto contra Christian Quito y Gabriela Lara.
Investigación y motivos de la destitución
El organismo señaló que encontró elementos suficientes para establecer una infracción grave. Según el informe, los hechos guardan relación con actuaciones vinculadas al grupo criminal Comandos de la Frontera.
El Pleno determinó que las acciones investigadas afectan la probidad y la imparcialidad que exige la función judicial.
El 16 de enero de 2025, la Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos contra ambos jueces. La institución informó que existían indicios de un plan para modificar la situación jurídica de dos detenidos vinculados con esa estructura delictiva.
Durante los operativos, los agentes incautaron documentos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y equipos informáticos. Estos indicios reforzaron la hipótesis de una posible red interna para favorecer intereses particulares.
Consejo de la Judicatura ejecuta suspensiones, restituciones y nuevos elementos
El proceso administrativo avanzó con varios cambios. El 14 de abril de 2025, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha solicitó la suspensión de los jueces, medida que fue acogida el 11 de junio de 2025. Sin embargo, tres meses después ambos fueron restituidos en sus cargos.
El caso dio un giro el 20 de enero de 2026 con la incorporación de nuevos indicios. En el caso de Christian Quito, la Fiscalía señaló que habría simulado un contrato con su pareja para justificar USD 10.000 hallados ocultos en el baño de su domicilio. Ese monto estaría relacionado con una presunta maniobra para favorecer a los hijos del cabecilla de Comandos de la Frontera.
Por su parte, Gabriela Lara integraba el Tribunal de Garantías que conoce el caso Triple A, expediente que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien cumple prisión preventiva por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos dentro del denominado caso Goleada.
Señalamientos en juicio político y conexiones internacionales
El contexto se amplió con las declaraciones de la exvocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, durante su comparecencia en el juicio político a Mario Godoy. Según su testimonio, los hechos se habrían iniciado en noviembre de 2024, en paralelo con el avance del caso de Jezdimir Srdan, condenado por lavado de activos.
Goyes cuestionó la falta de resolución oportuna sobre la situación disciplinaria de tres jueces de la Unidad Anticorrupción investigados en el Caso Fachada por supuesto tráfico de influencias. Indicó que una de esas magistradas fue Gabriela Lara, quien no fue sancionada en ese momento y pudo reincorporarse al tribunal que conocía la causa contra el ciudadano serbio.
Además, sostuvo que Lara fue la única integrante del tribunal que no votó por una sentencia condenatoria contra Srdan. Tras la suspensión del juez Christian Fierro, quien había votado por condenar al procesado, el tribunal quedó incompleto, lo que impidió la emisión de la sentencia por escrito.
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