En menos de siete años, el Consejo de la Judicatura de Ecuador ha tenido seis presidentes, pese a que la Constitución fija periodos de seis años para sus autoridades. La sucesión acelerada, los juicios políticos y los procesos penales han convertido a este organismo, clave para la administración y disciplina de la Función Judicial, en uno de los focos más visibles de la crisis institucional del país.
Desde 2019, la rotación constante en la presidencia no solo ha evidenciado problemas de gobernabilidad interna, sino que ha profundizado el desgaste de la justicia ecuatoriana. El más reciente episodio es el juicio político contra Mario Godoy Naranjo, cuyo futuro se definirá en la Asamblea Nacional en medio de cuestionamientos por su gestión y pérdida de respaldo político.
El Consejo de la Judicatura existe desde 1998, pero adquirió mayor peso con la Constitución de 2008, que lo consolidó como órgano de administración, control y disciplina de la Función Judicial. Sin embargo, la estabilidad prometida por el diseño constitucional contrasta con la realidad de los últimos años.
Una crisis que impacta la independencia judicial
Especialistas en derecho advierten que la alta rotación en la presidencia del Consejo de la Judicatura no es un simple problema administrativo. Señalan que la interferencia política ha debilitado la independencia judicial y ha impedido la construcción de políticas institucionales sostenidas.
La consecuencia más visible es la pérdida de confianza ciudadana. Cuando quienes dirigen el órgano encargado de disciplinar y administrar la justicia enfrentan procesos penales, destituciones o escándalos, el mensaje que recibe la sociedad es de fragilidad institucional.
Además, el hecho de que algunos expresidentes hayan sido procesados y otros estén al borde de la censura legislativa revela fallas en los mecanismos de designación y control. Para varios juristas, el sistema no ha priorizado la probidad ni la capacidad técnica como criterios centrales de selección.
Designaciones cuestionadas y politización
Desde una mirada constitucional, la crisis del Consejo no sería coyuntural sino estructural. La responsabilidad no recae únicamente en quienes llegan al cargo, sino también en las instituciones que integran las ternas y ejecutan las designaciones.
El problema de fondo, sostienen expertos, es que el organismo ha dejado de ser exclusivamente un ente administrativo para convertirse en un espacio de poder. Esa transformación lo ha vuelto atractivo para intereses políticos, debilitando su rol técnico y disciplinario.
El modelo de designación a través del Consejo de Participación Ciudadana también ha sido objeto de críticas. Para algunos analistas, mientras no se reforme este mecanismo, la inestabilidad persistirá y la justicia seguirá expuesta a disputas partidistas.
Efectos en el Consejo de la Judicatura
La falta de estabilidad en la cúpula administrativa repercute directamente en el trabajo de jueces y funcionarios. La ausencia de continuidad ralentiza procesos, frena reformas y genera incertidumbre interna.
Además, los constantes cambios abren espacios para la corrupción y afectan la eficiencia en la tramitación de causas. En un contexto marcado por el avance del crimen organizado, la debilidad institucional de la justicia agrava el panorama de seguridad.
Algunos constitucionalistas plantean incluso la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial, que podría implicar una reestructuración integral para recuperar credibilidad y fortalecer la independencia.
Los presidentes que han marcado la etapa reciente del Consejo de la Judicatura
En este periodo han pasado por la presidencia del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh Röben, María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo Fierro, Wilman Terán Carrillo, Álvaro Román Márquez, Mario Godoy Naranjo y actualmente Damián Larco como presidente encargado.
Varios de ellos enfrentaron cuestionamientos, juicios políticos o procesos judiciales. El patrón repetido de destituciones, renuncias y encargos temporales ha consolidado la percepción de un organismo atrapado en una crisis permanente.
La cifra resume el problema: seis presidentes en menos de siete años, cuando el mandato constitucional es de seis años por autoridad. La brecha entre norma y realidad refleja una justicia sometida a tensiones políticas constantes y urgida de reformas estructurales.
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