La Corte Constitucional frenó dos leyes aprobadas con trámite urgente
La Corte Constitucional de Ecuador anuló dos leyes aprobadas por el Gobierno de Daniel Noboa bajo el mecanismo de urgencia económica. El fallo se emitió este viernes 26 de septiembre de 2025 y declaró inconstitucionales la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Ambas normas fueron tramitadas en la Asamblea Nacional bajo presión, pues la fórmula de urgencia obligaba a resolver en un máximo de treinta días. Sin embargo, el tribunal concluyó que las leyes vulneraron principios básicos de la Constitución y de la democracia.
La decisión representa un nuevo golpe político para el Ejecutivo, que mantiene un pulso abierto con los jueces desde la aprobación de las primeras suspensiones cautelares.
Argumentos del tribunal para declarar la inconstitucionalidad
El fallo de la Corte Constitucional explicó que la Ley de Solidaridad Nacional “mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica”.
En el caso de la Ley de Integridad Pública, el tribunal determinó que se vulneró “la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática”. Según el dictamen, ninguna norma puede aprobarse mediante atajos que reduzcan el debate público ni sin una verdadera justificación económica.
La Ley de Solidaridad contemplaba la financiación de la Policía y las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, pero incluía disposiciones polémicas, como otorgar al Presidente la facultad de conceder indultos anticipados a uniformados procesados por delitos cometidos en operaciones contra criminales.
Por su parte, la Ley de Integridad Pública buscaba frenar la corrupción, pero endurecía penas para adolescentes de entre 12 y 18 años, elevando la privación de libertad de ocho a quince años. Este punto fue considerado como una vulneración directa a los derechos de niños y adolescentes.
Reacciones del Ejecutivo y tensión con la Corte
La anulación de las leyes intensificó el enfrentamiento político entre Noboa y la Corte Constitucional. El Presidente ya había lanzado una campaña contra los jueces, a quienes acusó de obstaculizar la seguridad del país. Además, convocó a un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente, previsto para el 16 de noviembre.
Tras conocerse el fallo, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, cuestionó públicamente la decisión. En redes sociales escribió:
“A este punto, a nadie le sorprende las acciones de la Corte contra el pueblo ecuatoriano. Ya sabemos para quiénes trabajan y a quiénes sirven. Le arrebataron a los ciudadanos las herramientas para enfrentar a las mafias, a los narcos y corruptos”.
Con un tono desafiante, agregó: “Tumbaron leyes hechas para la seguridad de los ecuatorianos, dejando al pueblo en la indefensión y garantizando la impunidad. Hoy más que nunca, ¡vamos a la Constituyente!”.
Más leyes del Gobierno bajo revisión
Desde su reelección en abril de 2025, Noboa ha presentado cinco proyectos con carácter de urgencia económica. La Corte ya anuló dos de ellos y mantiene bajo revisión la Ley de Inteligencia, que incluía un artículo que permitía a agentes utilizar identidades falsas y solicitar información a empresas telefónicas.
Entre las normas aún vigentes figuran la Ley de Áreas Protegidas y la Ley de Fundaciones, además de un proyecto sobre pensiones aprobado recientemente. Sin embargo, el constante escrutinio judicial muestra que la Corte Constitucional se ha consolidado como único contrapeso institucional frente al oficialismo en la Asamblea Nacional.
Con la anulación de estas dos leyes, el pulso entre Ejecutivo y Judicial escala a niveles inéditos desde el inicio del período presidencial. La disputa ya se proyecta hacia el referéndum de noviembre, que podría redefinir el marco político y constitucional del país.
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Fuente: www.infobae.com
