La Corte Constitucional mantiene en análisis varias leyes y decretos promovidos por el Gobierno de Daniel Noboa, en un contexto marcado por tensiones políticas, presiones públicas y un aumento en los tiempos de resolución de causas relacionadas con el Ejecutivo.
Durante 2025, el tribunal fue un actor central del debate nacional tras frenar normas consideradas prioritarias por el oficialismo. Sin embargo, luego de esos fallos, el ritmo de pronunciamientos sobre nuevas iniciativas del Gobierno se redujo de forma notoria.
Un punto de quiebre tras sentencias polémicas
Las declaratorias de inconstitucionalidad de las leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional, junto con la inadmisión de siete propuestas de reforma constitucional, marcaron un antes y un después en la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.
A esto se sumó la renovación de tres jueces, lo que coincidió con una disminución en la cantidad de fallos sobre iniciativas oficialistas. Desde Carondelet, el presidente Noboa intensificó sus cuestionamientos y responsabilizó al tribunal de impedir cambios estructurales.
El 10 de enero, el Mandatario volvió a atacar a la Corte por una sentencia emitida en diciembre que anuló una reforma de 2021 sobre concesiones eléctricas, pese a que el fallo no bloqueaba la delegación de sectores estratégicos.
Cuatro leyes bajo revisión sin sentencia
En la Corte Constitucional reposan actualmente 29 demandas de inconstitucionalidad contra cuatro leyes del oficialismo: Inteligencia, Áreas Protegidas, Transparencia Social y Sostenibilidad Crediticia.
Las acciones contra la Ley de Inteligencia fueron presentadas en julio de 2025. Los demandantes advierten sobre riesgos para la transparencia estatal, afectaciones a libertades civiles y contradicciones con la Constitución. Estas demandas llevan 205 días sin pronunciamiento.
Los tiempos son similares en otras normas cuestionadas. La Ley de Áreas Protegidas acumula 194 días de espera; la Ley de Transparencia Social, 141 días; y la Ley de Sostenibilidad Crediticia, 111 días.
El caso más prolongado es el de la Ley para el Conflicto Armado, aprobada en marzo de 2024 y que incrementó el IVA al 15%. Las 13 demandas presentadas contra esa norma llevan 675 días sin resolución.
Estados de excepción y advertencias ignoradas
El estado de excepción ha sido una de las principales herramientas del Ejecutivo. Con el decreto emitido el 31 de diciembre, suman 19 estados de excepción y 745 días bajo este régimen.
Pese a ello, 2025 cerró como el año más violento registrado en Ecuador, con 9.216 homicidios, lo que refuerza el criterio reiterado de la Corte Constitucional de que estas medidas no solucionan el problema estructural de la criminalidad.
Cuando los magistrados exigieron planificación, resultados y el uso de mecanismos ordinarios, el presidente cuestionó sus competencias. Desde la reunión interinstitucional de julio de 2025, no se han incorporado nuevos informes de seguimiento.
Aunque existe percepción de retrasos en los dictámenes, los tiempos han variado según el decreto. Algunos fueron resueltos en dos semanas, mientras que otros, como el emitido durante el paro nacional de octubre, recibieron pronunciamiento casi un mes después de haber sido derogado. El último decreto ya supera los 25 días sin dictamen.
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