Las audiencias en la Corte Constitucional analizarán la validez de las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia, que acumulan 41 demandas de inconstitucionalidad.
La primera audiencia: Solidaridad Nacional
El 25 de agosto de 2025 se llevará a cabo la primera audiencia pública sobre la Ley de Solidaridad Nacional, norma que regula el conflicto armado interno. La sesión será telemática y transmitida en el canal de YouTube de la Corte. El juez Alí Lozada dirigirá el encuentro, en el que se enfrentarán los argumentos de los demandantes y del Ejecutivo.
La norma ha recibido seis demandas, de las cuales cinco fueron unificadas. Los grupos de abogados, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos alegan que la ley vulnera principios fundamentales como la independencia judicial, el derecho de las víctimas y la obligación estatal de sancionar crímenes graves. También se cuestiona el indulto anticipado y el requisito de un decreto presidencial para reconocer el conflicto armado, lo que contradiría decisiones previas de la Corte.
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La Ley de Integridad Pública en el centro del debate
De las tres normativas, la Ley de Integridad Pública es la que mayor rechazo ha generado: hasta el momento acumula 30 demandas. Originalmente planteada como una reforma en contratación pública, terminó transformándose en un extenso paquete de cambios judiciales, penales, financieros y administrativos.
Las reformas sobre jubilación, despido intempestivo y evaluación de servidores públicos han motivado que sindicatos, colegios profesionales, médicos, estudiantes y organizaciones de derechos humanos recurran a la Corte. La mayoría de estas demandas fueron acumuladas en un solo proceso, debido a la amplitud de los reclamos.
Inteligencia bajo cuestionamiento
En el caso de la Ley de Inteligencia, la Corte Constitucional ha recibido cuatro demandas, de las cuales dos ya fueron unificadas. Entre los artículos suspendidos de manera cautelar están los que permiten interceptaciones sin orden judicial, operaciones encubiertas sin control y acceso a bases de datos personales sin límites claros.
Los jueces advierten que estas disposiciones podrían generar violaciones graves a los derechos de intimidad, protección de datos y debido proceso. Entre los actores que han cuestionado la norma figuran sindicatos, organizaciones académicas y fundaciones de derechos humanos.
Lo que viene
Pese a la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, las instituciones estatales deberán comparecer a las audiencias. Hasta el 21 de agosto de 2025, las tres leyes acumularon 41 demandas en su contra y aún no existe una resolución definitiva del Pleno. El proceso judicial sigue abierto, y será la Corte quien determine si estas normativas vulneran o no la Constitución.
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