Han transcurrido más de tres meses desde que el Consejo de la Judicatura designó a Carlos Leonardo Alarcón como fiscal encargado, tras la salida de Wilson Toainga, quien había asumido como subrogante luego de la renuncia de Diana Salazar. Esta decisión, adoptada mediante la resolución 072-2025 del 3 de octubre, motivó una acción de inconstitucionalidad presentada cinco días después por la Revolución Ciudadana ante la Corte Constitucional, proceso que hasta ahora no registra avances sustanciales.
La demanda cuestiona la legalidad de la designación y permanece en análisis preliminar dentro de la Sala de Admisión de la Corte, bajo el expediente 3-25-IA, sorteado automáticamente el mismo 8 de octubre de 2025. Según la información oficial proporcionada por el organismo constitucional, el caso no ha tenido variaciones procesales y sigue pendiente de conocimiento formal.
El trámite estancado en la Corte Constitucional
Desde la Corte se ha señalado que, mientras no exista un pronunciamiento de la Sala competente, no es posible adelantar criterios sobre la admisión de la causa ni sobre eventuales medidas cautelares. El proceso se encuentra en el despacho del juez José Luis Terán, a la espera de que se cumplan los pasos internos previstos en la normativa.
Este prolongado silencio institucional ha generado inquietud en sectores políticos y jurídicos, que consideran que el caso reviste relevancia nacional debido a su impacto directo en la independencia de la Fiscalía y en la seguridad jurídica del país.
Argumentos de la demanda presentada
La Revolución Ciudadana sostiene que la Constitución no contempla la figura de un fiscal subrogante del subrogante y que la competencia para designar al titular de la Fiscalía recae exclusivamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante concursos de méritos y oposición. Bajo esta premisa, se argumenta que la Judicatura habría excedido sus atribuciones.
Este planteamiento ha sido respaldado por distintas voces del ámbito jurídico, que insisten en la necesidad de que la Corte analice con prontitud la constitucionalidad del acto administrativo cuestionado.
Llamados a priorizar el caso por su relevancia
El asambleísta Luis Fernando Molina recordó que la Corte Constitucional tiene la facultad de priorizar causas cuando se trata de asuntos urgentes o de alto interés público. A su criterio, existen indicios de un posible vicio de inconstitucionalidad en la designación del fiscal encargado, lo que justificaría un tratamiento acelerado, similar al aplicado en otros casos de relevancia nacional.
Molina aclaró que el debate no se centra en la trayectoria personal de Alarcón, sino en la necesidad de garantizar estabilidad institucional y confianza ciudadana en el sistema de justicia, especialmente en un contexto marcado por cuestionamientos al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
Opiniones desde el ámbito jurídico
El exjuez constitucional Hernán Salgado consideró que, dada la trascendencia del caso, la Corte debería inclinarse por priorizar su análisis. Aunque reconoció no conocer los detalles procesales, señaló que la importancia institucional de la Fiscalía amerita una respuesta oportuna.
En la misma línea, la abogada Annabell Guerrero afirmó que la Corte debería romper el orden cronológico en situaciones que dejan al país en un estado de indefensión. Según su análisis, la falta de una Fiscalía percibida como independiente agrava la crisis de legitimidad de la justicia.
Guerrero también cuestionó la actuación del fiscal encargado frente a denuncias sensibles, como la relacionada con supuestas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, señalando que no se habrían agotado diligencias básicas para la obtención de pruebas.
Una visión crítica sobre el futuro del proceso
El abogado constitucionalista Sebastián López expresó una postura más escéptica y consideró poco probable que la Corte avance en el corto plazo con esta acción de inconstitucionalidad. Recordó que el organismo enfrenta una alta carga de causas represadas y que solo de manera excepcional altera el orden cronológico, pese a reconocer que existe un margen de discrecionalidad.
El trasfondo de este debate se relaciona con el incumplimiento de los plazos para designar al reemplazo definitivo de Diana Salazar, tarea que el Cpccs debió concretar en abril de 2025. Mientras tanto, la continuidad de un fiscal encargado sin un pronunciamiento constitucional mantiene abierta una controversia que impacta directamente en la institucionalidad del Estado.
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