La Corte Constitucional dio paso al análisis de una demanda que busca anular la designación de Leonardo Alarcón como fiscal general del Estado subrogante, una decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura el 3 de octubre de 2025 con cinco votos a favor.
La acción fue presentada el 15 de octubre de 2025 por Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Aunque el recurso ingresó en octubre, el máximo órgano de control constitucional lo admitió a trámite el 6 de febrero de 2026, aclarando que esta decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo, sino únicamente la verificación de requisitos formales.
Leonardo Alarcón ejerce actualmente como fiscal general encargado, mientras la Corte analiza la constitucionalidad del procedimiento que permitió su nombramiento temporal.
El oficio de la Procuraduría que originó la controversia
El núcleo del conflicto se encuentra en el Oficio N.º 13372 emitido por la Procuraduría General del Estado. En ese documento, el procurador Juan Carlos Larrea respondió a una consulta formulada por el entonces fiscal subrogante Wilson Toainga sobre el procedimiento aplicable en caso de ausencia temporal del fiscal general encargado.
La Procuraduría concluyó que correspondía al Consejo de la Judicatura designar temporalmente a quien reemplazara al titular de la Fiscalía. Con base en ese criterio jurídico, el pleno del CJ procedió a nombrar a Alarcón.
Para el demandante, el oficio no fue una simple interpretación, sino un acto con efectos normativos que alteró el esquema de competencias previsto en la Constitución. Según sostiene, la facultad de designación correspondería al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no a la Judicatura.
La demanda argumenta que esta actuación podría vulnerar los artículos 226 y 227 de la Constitución, que establecen que las instituciones del Estado solo pueden ejercer las competencias expresamente asignadas y deben actuar conforme al principio de juridicidad.
La sesión clave del Consejo de la Judicatura
La designación se concretó en la sesión extraordinaria N.º 090 celebrada la noche del 3 de octubre de 2025. Alarcón fue nombrado con cinco votos favorables de los vocales Mario Godoy Naranjo, Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara.
La moción fue presentada por Mario Godoy, entonces presidente del CJ, quien defendió el perfil de Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. No obstante, el debate trascendió el ámbito profesional y se centró en la legalidad de la competencia asumida por la Judicatura.
Lo que solicita la demanda y la negativa de medidas cautelares
En su acción de inconstitucionalidad, Quishpe solicitó que se declare inválido, con efecto retroactivo, el acto normativo contenido en el oficio de la Procuraduría. También pidió que se deje sin efecto la designación de Alarcón mediante una sentencia modulativa.
Como medida cautelar, requirió la suspensión inmediata del nombramiento mientras se resuelve el caso. La Corte Constitucional negó esta petición al considerar que no se presentaron indicios suficientes de una vulneración directa y flagrante de derechos constitucionales.
Con esta decisión, Leonardo Alarcón continuará en funciones hasta que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo sobre si el criterio de la Procuraduría y la actuación del Consejo de la Judicatura se ajustaron o no al diseño institucional establecido en la Constitución.
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