La crisis de la Función Judicial en Ecuador no se resolverá con la destitución de Mario Godoy. Así lo concluye el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) en su informe del 18 de febrero de 2026. El documento advierte que los mecanismos que originaron el problema siguen intactos.
¿Qué desencadenó la crisis de la Función Judicial en Ecuador?
El conflicto estalló el 17 de diciembre de 2025, cuando el juez anticorrupción Carlos Serrano presentó una denuncia formal. Desde entonces, el sistema de justicia acumuló escándalos que erosionaron su credibilidad. Finalmente, la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Godoy de la presidencia del Consejo de la Judicatura el 18 de febrero de 2026.
Sin embargo, el ODJ advierte que esa salida no resuelve el fondo del problema. Según el informe, los mecanismos de suplencia al exfuncionario ya fueron manipulados políticamente. Por tanto, las brechas que permiten capturar a la justicia permanecen abiertas.
Injerencia política y crimen organizado: los dos factores de la crisis
El informe del ODJ examina el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Durante ese lapso identifica dos factores estructurales que agravan la situación:
- Injerencia política en los mecanismos de designación y destitución de altas autoridades judiciales.
- Presencia creciente del crimen organizado dentro de las estructuras del Estado.
Ambos factores comprometen la independencia decisional, administrativa y de elección de los principales órganos del sistema. Asimismo, el documento destaca que la prensa y la sociedad civil cumplieron un papel clave como catalizadores de las denuncias.
Reformas estructurales, la única salida posible
El presidente Daniel Noboa reconoció la necesidad de reformas. No obstante, cuestionó las condiciones para lograrlas frente a grupos de delincuencia organizada con influencia política. Por su parte, Solimar Herrera, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, advirtió que el caso Godoy es coyuntural, pero la crisis es estructural.
«El problema es administrativo, presupuestario y de talento humano», señaló Herrera. En consecuencia, propuso priorizar los concursos pendientes de nombramiento de jueces, modernizar el sistema de citaciones y resolver las necesidades básicas de las unidades judiciales.
Mientras tanto, el presidente temporal del Consejo, Damián Larco, deberá ejecutar los planes administrativos que administraciones anteriores dejaron inconclusos.
La crisis de la Función Judicial en Ecuador exige un debate ciudadano urgente
El ODJ hace un llamado urgente a emprender reformas tanto legales como constitucionales. Sin esas reformas, los mecanismos de selección y destitución seguirán siendo vulnerables a la captura política. En definitiva, superar la crisis de la Función Judicial en Ecuador requerirá no solo voluntad política, sino también un profundo debate ciudadano sobre el rol de la sociedad civil como guardián de la independencia judicial.
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