La crisis legislativa se agudiza en Ecuador y golpea de lleno a la Asamblea Nacional, marcada por una confrontación abierta entre las dos principales fuerzas políticas: Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC). Al cierre de 2025, el conflicto ha superado el debate parlamentario y se ha trasladado a instancias judiciales y administrativas, profundizando la parálisis política y debilitando la gobernabilidad legislativa.
La relación entre ADN y RC se ha deteriorado de forma irreversible. Lo que inició como diferencias ideológicas terminó en una escalada de acusaciones cruzadas que incluyen presuntas calumnias, cobro de diezmos y delitos graves. Este escenario confirma que la crisis legislativa se agudiza en Ecuador, afectando cualquier posibilidad de consensos en el corto plazo.
Crisis legislativa se agudiza en Ecuador tras acusaciones de autoatentado
El punto de quiebre más reciente fue la declaración de Juan Andrés González, jefe de la bancada correísta. El legislador insinuó que el Gobierno podría estar detrás de un supuesto “autoatentado” vinculado a explosivos en la Bahía de Guayaquil. La afirmación generó una respuesta inmediata del oficialismo.
Mishel Mancheno, jefa encargada de la bancada de ADN, anunció acciones legales y administrativas contra González. Desde el bloque de gobierno se considera que las declaraciones constituyen calumnias graves. La pugna política se transformó rápidamente en una batalla jurídica, evidenciando que la crisis legislativa se agudiza en Ecuador con consecuencias institucionales.
Diezmos y denuncias reavivan viejos escándalos legislativo
El conflicto escaló aún más con nuevas acusaciones relacionadas con presuntos diezmos. La asambleísta oficialista Ana Belén Tapia reveló una denuncia presentada por un excolaborador de González. Según la información, el legislador habría exigido pagos para cubrir pasajes aéreos y gastos personales, incluidos mantenimientos vehiculares, por montos cercanos a los 2.000 dólares.
Estas acusaciones fueron remitidas al Comité de Ética de la Asamblea. El señalamiento revive prácticas corruptas asociadas a etapas anteriores del Legislativo, agravando la percepción ciudadana. Este nuevo episodio confirma que la crisis legislativa se agudiza en Ecuador y erosiona aún más la credibilidad institucional.
CAL, Fiscalía y una Asamblea al borde del colapso
El oficialismo presentó una queja formal ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que podría derivar en la suspensión temporal de González por hasta 30 días. Además, se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado por la presunta divulgación de información reservada de una paciente, un delito con penas de prisión.
Desde la oposición, González denuncia una persecución política impulsada por el Ejecutivo. Asegura que su seguridad y la de su familia están en riesgo y ratifica sus críticas a la política de seguridad gubernamental. La confrontación total anticipa un periodo legislativo inestable, con proyectos de ley y fiscalización seriamente comprometidos.
En este contexto, la crisis legislativa se agudiza en Ecuador, dejando a la Asamblea atrapada en escándalos, lejos de las demandas urgentes en seguridad y economía.
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