El presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto con el fin de avanzar en la reorganización del Ejecutivo. Con esta decisión, el mandatario eliminó disposiciones legales que limitaban la creación de viceministerios y transfirió responsabilidades clave a las carteras de Trabajo y Economía.
Delegación a los ministerios de Trabajo y Economía
El decreto, fechado el 5 de septiembre de 2025, otorga a estas dos instituciones la tarea de definir las estructuras de los ministerios y secretarías fusionadas. Además, deberán establecer las escalas salariales de los funcionarios públicos y aprobar los estatutos de las entidades que conforman la Función Ejecutiva.
La reforma modificó el decreto 245 de abril de 2024, que asignaba a cada entidad en proceso de creación, supresión o modificación la responsabilidad de organizar internamente estos detalles.
Cambios en la normativa sobre viceministerios
La absorción de ministerios y secretarías provocará que algunas de ellas se transformen en viceministerios. Para viabilizar este paso, Noboa derogó incisos de normas emitidas en 2009 y 2016 que restringían su creación.
En 2016, un decreto del expresidente Rafael Correa limitaba a un solo viceministerio a las instituciones con menos de 1.000 servidores. Esa restricción fue eliminada. También quedó sin efecto el requisito de 2009 que exigía autorización presidencial para crear un viceministerio, lo cual ahora dependerá únicamente de las carteras de Trabajo y Finanzas.
Un paso clave en la reestructuración estatal
Con estas reformas, Daniel Noboa allana el camino para consolidar la reorganización del aparato estatal anunciada oficialmente el 15 de agosto de 2025. El objetivo es simplificar estructuras, dar mayor eficiencia a las entidades públicas y redefinir la gestión de los recursos humanos y financieros.
La implementación de estas disposiciones marcará una nueva etapa en la administración pública del Ecuador, donde la flexibilidad normativa busca adaptarse a las necesidades de un Estado en constante transformación. El reto estará en garantizar que las fusiones y cambios estructurales no afecten la calidad de los servicios ni los derechos laborales de los funcionarios.
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