El presidente Daniel Noboa remitió este 28 de enero de 2026 a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley económicos urgentes, los primeros del año, enfocados en minería, energía y la reorganización del gasto de los gobiernos locales, con el objetivo de acelerar inversión y mejorar la eficiencia del uso de recursos públicos.
Las iniciativas fueron entregadas en Quito por el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, quien sostuvo que ambos proyectos cumplen con el principio constitucional de unidad de materia y no deberían enfrentar trabas en su trámite legislativo, que por ley no puede extenderse más de 30 días.
Estos proyectos se presentan tras el último referéndum y consulta popular, y forman parte de la agenda legislativa anunciada por el Ejecutivo para 2026.
Proyectos urgentes amparados en el estado de excepción
Herrería explicó que la Constitución permite al presidente enviar un solo proyecto económico urgente a la vez, pero que el actual estado de excepción faculta al Ejecutivo a remitir hasta dos iniciativas simultáneas bajo esta modalidad.
La última ley urgente enviada por el Gobierno fue en octubre de 2025 y estuvo relacionada con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aprobada ese mismo mes por la Asamblea.
Reforma para ordenar el gasto de los gobiernos locales
Uno de los proyectos propone cambios al Código Orgánico de Organización Territorial para mejorar la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
El Gobierno plantea que los presupuestos de los GAD estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, debido a que la baja ejecución de obra local genera presión sobre el Estado central.
En 2024, la inversión en obras y servicios básicos representó en promedio menos del 39% del presupuesto total de los gobiernos locales, según datos oficiales.
La reforma establece que al menos el 70% del presupuesto de los GAD deberá destinarse a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, bajo una regla fiscal con mecanismos de control y rendición de cuentas.
Cambios para minería y energía tras fallo constitucional
El segundo proyecto se enfoca en el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, en respuesta a una sentencia de la Corte Constitucional del 11 de diciembre de 2025.
El fallo declaró inconstitucional una norma que permitía concesionar servicios eléctricos al sector privado bajo una causal amplia de interés público, sin criterios claros.
Según Herrería, el nuevo proyecto incorpora reglas explícitas para permitir la inversión privada en energía, garantizando la provisión del servicio y permitiendo que el Estado participe cuando los costos lo permitan.
En el ámbito minero, el Ejecutivo sostiene que la normativa vigente retrasa la inversión y el retorno de recursos, por lo que la reforma busca acelerar la captación de tributos y beneficios económicos derivados de la extracción de minerales.
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