El Gobierno del presidente Daniel Noboa pidió a la Corte Constitucional una prórroga de 15 días hábiles para entregar el texto íntegro en inglés del acuerdo de inversiones firmado con Emiratos Árabes Unidos, luego de que se detectaran errores de forma y ortográficos en su traducción al español.
El tratado, suscrito el 6 de diciembre de 2025, busca promover y proteger recíprocamente las inversiones entre ambos países, pero su trámite constitucional enfrenta observaciones técnicas y cuestionamientos desde la sociedad civil.
Daniel Noboa hace solicitud de prórroga ante la Corte Constitucional
La petición fue presentada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia ante la jueza Claudia Salgado, quien conoce la causa desde el 15 de enero. El 26 de ese mes, la magistrada solicitó el envío del texto íntegro en inglés en un plazo de tres días, requerimiento que el Ejecutivo no logró cumplir.
Según el Gobierno, el retraso responde a coordinaciones pendientes con el Estado parte, Emiratos Árabes Unidos, necesarias para remitir la documentación completa.
Decreto para corregir errores en el tratado
De forma paralela, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 294, mediante el cual autorizó al embajador ecuatoriano en Emiratos Árabes Unidos, Felipe Ribadeneira, a suscribir una fe de erratas del acuerdo.
El decreto señala que el documento original presenta errores mecánicos de traducción, los cuales no alteran el contenido sustantivo ni la intención de las partes, pero sí requieren corrección formal antes de continuar con el análisis constitucional.
Plazos legales y control de constitucionalidad
De acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Corte Constitucional dispone de 30 días para pronunciarse sobre la viabilidad del tratado, plazo que se activa una vez publicado en el Registro Oficial.
Durante los primeros 10 días, cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad del acuerdo. Si la Corte no se pronuncia dentro del tiempo establecido, la ley prevé que se entenderá como un informe favorable y el tratado pasará a la instancia legislativa.
Objetivos económicos del acuerdo bilateral
El Gobierno sostiene que el tratado busca fortalecer la seguridad jurídica, atraer inversión extranjera y reducir el riesgo país. Entre los sectores priorizados se encuentran infraestructura, energía, logística, turismo, agroindustria y tecnología.
Según cifras oficiales, Emiratos Árabes Unidos ha invertido en Ecuador, entre 2013 y 2024, alrededor de 880.000 dólares en sectores no petroleros como manufactura y comercio.
Cuestionamientos a Daniel Noboa por arbitraje internacional
Organizaciones sociales y exfuncionarios han expresado preocupación por la inclusión de mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de conflictos. Christian Pino, exsecretario ejecutivo de la extinta Caitisa, advirtió que este tipo de cláusulas podrían contravenir el artículo 422 de la Constitución.
Dicha norma prohíbe ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias entre el Estado y actores privados, una restricción que fue ratificada por la ciudadanía en la consulta popular de abril de 2024.
Riesgos económicos y antecedentes internacionales
Pino alertó que los tratados bilaterales de inversión pueden limitar la capacidad del Estado para regular flujos de capital y abrir la puerta a demandas internacionales. Ecuador enfrenta un antecedente complejo: ha sido demandado en cerca de 30 arbitrajes internacionales, con egresos aproximados de 1.700 millones de dólares, según datos expuestos por la investigadora Luciana Ghiotto.
En al menos la mitad de esos casos, los tribunales fallaron a favor de los inversionistas extranjeros, generando impactos significativos en las finanzas públicas.
Postura de Daniel Noboa sobre aprobación legislativa
La Administración de Daniel Noboa argumenta que el tratado no requiere aprobación de la Asamblea Nacional, ya que no aborda temas territoriales, militares, legislativos ni de derechos constitucionales, ni transfiere competencias a organismos internacionales.
Mientras tanto, el proceso queda en suspenso a la espera de que se entregue el texto corregido y la Corte Constitucional defina la ruta legal del acuerdo.
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