Daniel Noboa enfrenta un escenario que no es nuevo en la política ecuatoriana. La relación entre el poder político y la Corte Constitucional ha sido tensa durante las últimas décadas. Para varios mandatarios, este organismo representa un obstáculo al momento de ejecutar sus proyectos y decisiones, por lo que no han faltado intentos de modificar su estructura o de debilitar su independencia.
El antecedente de Rafael Correa en 2008
En 2007, Rafael Correa llegó al poder con la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente. Con el respaldo del 72% de la población en un referendo, se instaló la Asamblea de Montecristi, que dio vida a la Constitución de 2008.
Ese texto transformó el sistema de control constitucional, reemplazando al Tribunal Constitucional que funcionaba desde 1998. La nueva Corte Constitucional se blindó de la posibilidad de un juicio político, aunque debía responder por actos u omisiones en el marco de la ley.
La primera Corte de esta etapa fue ampliamente criticada por su cercanía con el Ejecutivo y por su inactividad. Conocida como la “Corte Cervecera”, se convirtió en un órgano que prácticamente no cuestionaba al gobierno de turno.
La estrategia de Lenín Moreno en 2018
Tras su ruptura con Rafael Correa, Lenín Moreno impulsó un referendo para crear un Consejo de Participación Transitorio, con la facultad de evaluar y cesar a las autoridades de control. Esta propuesta fue aprobada por el 63% de los votantes.
Con esa vía, en 2018 se reemplazó a los jueces de la Corte Constitucional que habían sido parte del correísmo. El Consejo cesó en funciones a los magistrados y convocó a un nuevo proceso de selección. Desde 2019 funciona la actual Corte, que ha incomodado a distintos gobiernos al pronunciarse sobre temas sensibles como estados de excepción o leyes urgentes.
La nueva jugada de Daniel Noboa
Ahora, el presidente Daniel Noboa busca sumarse a la lista de mandatarios que intentaron modificar la Corte Constitucional. Su propuesta, incluida en el referendo que planea convocar, plantea que los jueces puedan ser sometidos a juicio político en la Asamblea Nacional.
El oficialismo sostiene que se trata de magistrados “que no responden a nadie”. Sin embargo, la misma Corte deberá calificar la pregunta del referendo para determinar si el mecanismo es constitucional. En caso de aprobarse, cualquier proceso de destitución tendría que esperar al menos hasta 2026 y requeriría 101 votos en el Legislativo.
El anuncio ha generado fricciones entre el Gobierno y la Corte, sobre todo tras la decisión de esta última de admitir a trámite varias demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Ejecutivo. Mientras tanto, desde el oficialismo se han organizado movilizaciones para acusar a la Corte de actuar en contra del pueblo.
Un choque de poderes que se repite en el gobierno de Daniel Noboa
La historia demuestra que la Corte Constitucional ha sido un punto de tensión para los mandatarios en Ecuador. Correa y Moreno lograron cambiarla con el respaldo popular, pero con estrategias distintas. Noboa ahora explora su propio camino, con un discurso que, paradójicamente, incluso ha recibido el apoyo de Correa, quien alguna vez defendió la intangibilidad de los magistrados.
La disputa refleja la dificultad de mantener un equilibrio entre la independencia de las instituciones y el interés de los gobiernos de turno por consolidar el control político.
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