El “exprópiese” pronunciado por Hugo Chávez en febrero de 2010 quedó grabado en la memoria latinoamericana como la señal más clara de un poder dispuesto a atropellar la propiedad privada, un antecedente que hoy vuelve a mencionarse en Ecuador ante las acciones impulsadas durante el gobierno de Daniel Noboa. Aquella orden, lanzada sin proceso judicial y con absoluto desprecio por la legalidad, terminó por destruir la seguridad jurídica en Venezuela y fue el inicio de un colapso económico e institucional cuyas consecuencias aún persisten.
Hoy, un escenario inquietantemente similar empieza a perfilarse en Ecuador. La posibilidad de que el Estado, mediante la Superintendencia de Compañías y bajo el impulso del Gobierno de Daniel Noboa, despoje a GRANASA del 40 % de sus acciones no solo revive fantasmas autoritarios, sino que abre una grieta peligrosa en el sistema democrático y económico del país.
Un intento reiterado de presionar a la prensa crítica
La situación no surge en el vacío. El Gobierno ha mostrado una clara incomodidad frente a la línea editorial de EXPRESO y EXTRA, medios que han mantenido una postura crítica frente a la gestión oficial. Antes de este nuevo episodio, ya se habían ensayado otros mecanismos para doblegar a la empresa editora, como acusaciones de evasión tributaria y lavado de activos.
Estos intentos fracasaron estrepitosamente por una razón elemental: no existía evidencia que sustentara procesos legales creíbles. Lejos de aceptar ese revés, el régimen parece haber optado por una vía alternativa, utilizando un órgano administrativo para alcanzar un objetivo que no pudo lograr por la vía judicial.
El uso de la Superintendencia como instrumento político
La estrategia actual consiste en cuestionar, seis años después, la transferencia legítima del 40 % de las acciones de GRANASA desde la empresa Veranera hacia una accionista privada. La Superintendencia alega no haber encontrado la trazabilidad de dicha operación y pretende revertirla, ordenando que las acciones regresen a una empresa en liquidación.
Este argumento ignora un hecho fundamental: la transferencia fue legal, está inscrita y consta en el Libro de Acciones y Accionistas. Pretender revertirla equivale a desconocer derechos adquiridos y a atribuirse facultades que solo corresponden a un juez.
Una intervención disfrazada de procedimiento administrativo
El elemento más alarmante es la rapidez con la que la Superintendencia ha actuado. En cuestión de horas, se designó un liquidador para administrar el paquete accionario en disputa y se realizaron inspecciones internas en la empresa. Esta celeridad contrasta con la lentitud habitual de la administración pública y refuerza la percepción de una operación dirigida.
Incluso si el Estado no se quedara formalmente con las acciones, el simple hecho de controlarlas mediante un liquidador designado por la autoridad constituye una intervención directa en una empresa privada, con potencial influencia sobre su gestión y su línea editorial.
El golpe a la seguridad jurídica y a la propiedad privada
Aceptar que un registro administrativo pueda prevalecer sobre la titularidad real de acciones legalmente adquiridas destruye uno de los pilares del sistema societario ecuatoriano. La seguridad jurídica se basa en la certeza de que las reglas no cambian arbitrariamente ni se aplican con criterios políticos.
Este caso trasciende a GRANASA. Si se consolida este precedente, cualquier empresa del país podría quedar expuesta a decisiones discrecionales del poder político, sin necesidad de una orden judicial. Hoy es un medio de comunicación; mañana podría ser una empresa comercial, industrial o estratégica.
Un precedente que amenaza a toda la empresa privada
Lo que está en juego no es solo la libertad de prensa, sino la estructura misma del régimen de propiedad privada. La figura que se intenta imponer es, en los hechos, confiscatoria. Se busca apoderarse de acciones privadas para cubrir supuestas deudas de un tercero, ignorando por completo la titularidad legítima ya consolidada.
La experiencia venezolana demuestra que estos actos no son aislados ni inocuos. El “exprópiese” de Chávez comenzó como un gesto simbólico y terminó convirtiéndose en una política de Estado que arrasó con la inversión, la producción y la confianza. Repetir ese camino, aunque sea con otros nombres y mecanismos, sería un error histórico para Ecuador.
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