La crisis del sistema de justicia en Ecuador se profundiza mientras una de sus principales autoridades enfrenta cuestionamientos políticos y penales. En el centro del debate está Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuya legitimidad se encuentra debilitada por denuncias de presuntas presiones a un juez anticorrupción. A este escenario se suma la postura del presidente Daniel Noboa, quien hasta el 21 de enero de 2026 no se ha pronunciado de forma directa sobre el estado de la justicia ni sobre la continuidad de Godoy en el cargo.
El silencio del mandatario ocurre en un momento clave, cuando varias instituciones del Estado, como la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y la Fiscalía, están bajo el escrutinio público. El denominador común de esta crisis institucional es Godoy, quien enfrenta un proceso de juicio político impulsado por la Revolución Ciudadana y una denuncia penal en investigación.
La única reacción pública de Daniel Noboa
La última referencia del presidente Daniel Noboa sobre el caso se produjo el 29 de diciembre de 2025 a través de la red social X. En respuesta a un mensaje de la asambleísta Jhajaira Urresta, el mandatario sugirió que Mario Godoy renuncie luego de comparecer ante la Asamblea Nacional y se defienda de las acusaciones fuera del cargo.
Godoy acudió al Pleno de la Asamblea el 5 de enero de 2026, pero no presentó su renuncia y continúa ejerciendo como titular del Consejo de la Judicatura. Desde entonces, Noboa no ha emitido nuevas declaraciones, incluso cuando el debate sobre la independencia judicial se ha intensificado.
¿Respeto constitucional o límite político?
El constitucionalista Carlos de Tomaso sostiene que la actuación del presidente, Daniel Noboa se enmarca en el respeto a la independencia de funciones, principio establecido en el artículo 168 de la Constitución. Según el jurista, cualquier intromisión directa del Ejecutivo en la Función Judicial podría generar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
De Tomaso considera que, al sugerir la renuncia de Godoy, Noboa ya cumplió con lo que estaba dentro de sus atribuciones y que insistir en el tema podría haberle generado consecuencias políticas y constitucionales. Desde esta visión, el mandatario no tendría más herramientas legales para intervenir en el caso.
Consecuencias dentro del sistema judicial
Para el analista, las mayores repercusiones del caso podrían recaer en quienes respaldaron la designación de Godoy. Un ejemplo de ello es la renuncia de José Suing a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, ocurrida el 12 de enero de 2026.
Actualmente, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia está integrado por 21 jueces, de los cuales solo 10 son titulares y 11 temporales. En 2027 finalizarán funciones siete magistrados, lo que ampliará las vacantes. El Consejo de la Judicatura tiene la responsabilidad de organizar los concursos para designar jueces titulares, un proceso que se mantiene pendiente en medio de la crisis.
La postura del gremio de abogados
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, considera que la posición de Daniel Noboa ha sido correcta, ya que refleja una separación clara entre funciones del Estado. Según Ocaña, la fiscalización política corresponde a la Asamblea Nacional y la investigación penal a la Fiscalía, no al Ejecutivo.
No obstante, el gremio es partidario de que Mario Godoy dé un paso al costado para evitar un mayor deterioro institucional. Desde el punto de vista penal, Ocaña duda que la denuncia en Fiscalía prospere, debido a la dificultad de probar delitos como delincuencia organizada o tráfico de influencias sin una estructura criminal claramente demostrable.
El juicio político como escenario clave
El juicio político aparece como el camino más probable para definir el futuro de Godoy. Sin embargo, su resultado es incierto. De Tomaso sostiene que el presidente de la Judicatura busca defenderse dentro de este proceso y que solo después evaluaría una eventual renuncia.
Si la Asamblea no logra la censura y destitución, Godoy podría continuar en el cargo pese a la deslegitimación y la pérdida de confianza ciudadana, un escenario que preocupa a distintos sectores del ámbito jurídico.
Las críticas al silencio del presidente Daniel Noboa
Una de las voces más críticas es la de Gabriela Panchana, abogada y experta en comunicación política, quien sostiene que el silencio de Noboa no es neutral. A su criterio, mientras el presidente evita pronunciamientos directos, desde el entorno gubernamental se han producido ataques en redes sociales contra quienes cuestionan el caso Godoy.
Panchana recuerda que en diciembre de 2025 denunció amenazas y sostiene que la recomendación pública de renuncia hecha por Noboa fue una forma de deslindar responsabilidades. Para ella, la permanencia de Godoy evidencia un respaldo político fuerte y una falta de voluntad real para impulsar la independencia judicial.
Una crisis con impacto social y político
La experta advierte que la falta de una salida institucional clara convierte a la crisis judicial en una bomba de tiempo. A esta se suman problemas de seguridad, salud, economía y gobernabilidad, lo que podría derivar en movilizaciones ciudadanas si no se toman decisiones de fondo.
Panchana espera que el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, marque distancia del actual titular de la Judicatura y plantee una renovación que permita recuperar la credibilidad del sistema judicial.
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